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Tegucigalpa.- El gobierno de Nicaragua canceló este jueves la personalidad jurídica de la Asociación Hijas de Santa Luisa de Marillac en el Espíritu Santo, que administraba un colegio religioso, y ordenó expropiar sus bienes.
La disolución de esa asociación religiosa, inscrita desde 1999, fue aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
Según el Ministerio de Gobernación, esa ONG fue ilegalizada por "incumplimiento a las leyes que la regulan", debido a que "no reportaron sus estados financieros del periodo fiscal 2022", con lo que "obstaculizan el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro" de esa cartera.
Sobre la liquidación del patrimonio del organismo, Gobernación explicó que corresponde proceder de oficio a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua.
Policía investiga a la Iglesia católica en Nicaragua
La Policía de Nicaragua acusó el sábado pasado a la Iglesia católica nicaragüense de "lavar dinero" y ordenó al cardenal Leopoldo Brenes presentar documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis que han intervenido.
Según la Policía, en el marco de esas investigaciones hallaron "centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a (las) diócesis" de Nicaragua.
También que han confirmado "la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se había ordenado por Ley congelar" y que se trata "de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en (las) diócesis de distintos departamentos" de Nicaragua.
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La semana pasada, la Policía también informó que investiga al sacerdote Jaime Montesinos, párroco de la diócesis de Matagalpa (norte), que dirige el obispo encarcelado Rolando Álvarez, quien en febrero pasado fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados "traición a la patria".
También investiga a otros dos sacerdotes por "asuntos administrativos" de la disuelta Cáritas Diocesana de Estelí, norte de Nicaragua, que también administra Álvarez.
Las relaciones del Gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
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