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Quito. El gobierno de Ecuador renovó el martes por un mes más el estado de excepción en las cárceles en un intento de evitar nuevas matanzas, tras 60 días en los que no han cesado los episodios de violencia con retención de guardias penitenciarios y recurrentes incautaciones de drogas y armas.
La academia cuestiona el mecanismo por considerar que solo es una medida temporal que no garantiza las condiciones y vida de los presos.
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, de gira en Estados Unidos, suscribió un decreto en el que afirma que la renovación de la excepción por 30 días se fundamenta en la persistencia de los hechos del “riesgo a la seguridad, integridad y vida de las personas privadas de libertad, personal del cuerpo de seguridad penitenciaria y los miembros de la policía y fuerzas armadas”.
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La anterior declaratoria fue el 25 de julio después de que el sistema carcelario se declarara en huelga, retuvieran por más de un día a un centenar de custodios penitenciarios y se produjeran varios ataques explosivos en el país.
Con la nueva prórroga, el gobierno indicó que pretende controlar las circunstancias que han alterado el funcionamiento del sistema penitenciario como “amotinamientos suscitados (que) suelen implicar enfrentamientos violentos entre grupos de delincuencia organizada”, en los que hay graves lesiones, mutilaciones y asesinatos de reclusos.
Desde la vigencia del primer estado de excepción, en ese caso por 60 días, policías y militares han intentado recuperar el control del sistema penitenciario con varios operativos —en algunos incluso utilizando tanquetas— para realizar requisas de droga, armas y otros artículos prohibidos.
En ellos, se han incautado docenas de fusiles, pistolas, cientos de armas blancas, granadas, lanza granadas y miles de municiones de todo tipo, pese a la repetición de operativos.
En una de las requisas, los uniformados hallaron una piscina de peces, más de una docena de perros y hasta una celda de lujo para Adolfo Macías, alias Fito, el líder del mayor grupo delincuencial del país, Los Choneros.
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El director de una prisión y el de un centro de detención provisional fueron detenidos tras una inspección en la cárcel más peligrosa del país, en Guayaquil.
En pleno estado de excepción de las cárceles, ha habido episodios violentos como la retención de decenas custodios penitenciarios —que fueron liberados sin dejar víctimas—, así como la explosión de carros bomba en Quito, Cuenca y otras ciudades y la localización y posterior destrucción de un dron de gran tamaño en el techo de la cárcel de máxima seguridad del complejo penitenciario guayaquileño.
A esa cárcel había sido trasladado alias Fito en agosto, pero menos de un mes después —y antes del episodio con el dron— estuvo de regreso por orden de un juez a la prisión de mediana seguridad.
En una aparente desafío a las autoridades, hace una semana, se hizo público en redes sociales un vídeo musical en honor a Fito, con secuencias filmadas al interior de esa cárcel. Las autoridades reconocieron que no dieron autorización alguna para introducir equipo audiovisual a la prisión.
El analista y decano de la escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Daniel Pontón, en declaraciones a The Associated Press dijo que el resultado del primer estado de excepción ha logrado “medio calmar la situación, pero la extensión de ese estado muestra que no hay una propuesta clara para el sistema penitenciario”.
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Señaló que se mantienen los problemas de fondo y no se corrigen las graves deficiencias del estado en el sistema carcelario. Señaló que “cuando terminen los estados de excepción la situación volverá a ser la misma, con conflictos y matanzas entre presos”.
Según dijo, las requisas, la reubicación de presos y otras iniciativas “son importantes, pero son solo una respuesta a una situación específica, a los episodios de violencia que se dieron desde el 2021”. Desde entonces, se han producido alrededor de 500 asesinatos en las prisiones del país.
Desde inicios de ese año, una serie de brutales masacres en las cárceles más grandes del país revelaron que el Estado no tenía control sobre esos centros, dominados por bandas criminales que se disputan rutas de narcotráfico y territorios de distribución de drogas. Tales grupos actúan bajo la influencia de poderosos cárteles de México y Colombia, de acuerdo con las autoridades.
Desde el 2021 Ecuador ha registrado al menos 13 masacres en centros carcelarios del país, aunque en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil, se cometió la más atroz en septiembre del 2021 cuando un motín dejó 119 presos brutalmente asesinados.
