El gobierno interino de Bolivia descartó un "rompimiento" de relaciones diplomáticas con México, tras la expulsión de la embajadora María Teresa Mercado .
"Declarar personas Non Gratas a diplomáticos de #España y #México, no implica ruptura de relaciones", señaló el Ministerio de Presidencia de Bolivia vía Twitter.
"Se exige que acrediten nuevos funcionarios para reemplazar a éstos que violaron la soberanía e irrespetaron normas bolivianas", añade el tuit, que explica que es una aclaración de Karen Longaric, ministra boliviana de Exteriores.
Además de Mercado, Bolivia expulsó a la encargada de negocios de la embajada de España, Cristina Borreguero, y al cónsul de ese país, Álvaro Fernández, y les dio 72 horas para abandonar el país.
El gobierno interino de Jeanine Áñez acusa a los expulsados de haber "lesionado gravemente la soberanía y dignidad del Pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia" y dijo que por ello decidió aplicar la Convención de Viena.
En su cuenta de Twitter, Áñez explicó la expulsión de los diplomáticos de México y España.
"Hemos aplicado la Convención de Viena, ante los hechos sucedidos en días pasados en la Embajada de Mexico y declaramos personas no gratas a la Embajadora de de México, a la Encargada de Negocios de España y al Cónsul de dicho país (sic)".
La presidenta interina de Bolivia declaró el lunes personas no gratas a la embajadora de México y la encargada de Negocios y el cónsul de España y les dio 72 horas para abandonar el país, tras un incidente en el que encapuchados españoles llegaron a la embajada mexicana en La Paz.
En una declaración de prensa, la mandataria justificó su decisión “por lesionar gravemente la soberanía del pueblo y gobierno”.
“Bolivia no es colonia de nadie, la democracia y el gobierno constitucional se respetan”, agregó.
Cuatro funcionarios de seguridad de la embajada de España en Bolivia acudieron el viernes con el “rostro cubierto y presumiblemente armados” a la residencia de la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, donde están asilados nueve exfuncionarios de exmandatario Evo Morales a quienes el gobierno boliviano rechaza concederles un salvoconducto y los acusa de delitos comunes, según ha denunciado la canciller Karen Longaric.