Sobre el bloqueo del fin de las deportaciones exprés por parte del juez federal de Luisiana, Robert Summerhay, la administración de Joe Biden "no está de acuerdo con el fallo del tribunal, y el Departamento de Justicia ha anunciado que apelará esta decisión", según un comunicado de la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
Indicó que "la autoridad para establecer la política de salud pública a nivel nacional debe recaer en los Centros para el Control de Enfermedades, no en un solo tribunal de distrito".
Sin embargo, mencionó que "de conformidad con la orden judicial, la administración Biden continuará haciendo cumplir la autoridad de salud pública del Título 42 de los CDC de 2020 hasta que finalice la apelación. Esto significa que los inmigrantes que intenten ingresar ilegalmente a los Estados Unidos estarán sujetos a la expulsión según el Título 42, así como a consecuencias migratorias como la expulsión según el Título 8 ".
Además, indicó que "a medida que avanza la apelación, el Departamento de Seguridad Nacional continuará planificando el eventual levantamiento del Título 42 a la luz del fallo de salud pública de los CDC, momento en el cual cualquier persona que intente ingresar al país ilegalmente estará sujeta a los procedimientos de Deportación Acelerada del Título 8, si no tienen motivos para permanecer en los Estados Unidos".
El Departamento de Justicia ya ha presentado su notificación de apelación que muestra que apelará ante el 5.º circuito.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron semanas atrás el fin del Título 42 para el 23 de mayo, pero el juez de Louisiana Robert Summerhays suspendió los preparativos para rescindirlo y este viernes anuló definitivamente su levantamiento.
El Título 42 es una medida de deportación rápida de indocumentados amparada en la pandemia que impusieron los CDC en 2020, durante el mandato de Donald Trump (2017-2021), y que permaneció en vigor bajo la administración de Biden.
Esa medida implica que Estados Unidos deporta automáticamente a la mayoría de los migrantes indocumentados que llegan a su frontera sur, sin darles la oportunidad de solicitar asilo.
A principios del mes pasado, los CDC anunciaron que el 23 de mayo levantarían esa norma al no existir un riesgo sanitario en la frontera, lo que alivió a las organizaciones de derechos humanos que la habían criticado, pero provocó preocupación en algunas comunidades fronterizas por la posibilidad de que llegaran de golpe muchos migrantes .
El juez Summerhays, nominado por Trump, suspendió el fin del Título 42 en respuesta a la demanda que presentaron los líderes republicanos de varios estados, como Arizona, Louisiana y Missouri, para frenar el plan de la Casa Blanca sobre esa norma.
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Summerhays dio la razón a estos estados en su argumento de que el levantamiento de la normativa derivaría en un aumento en la llegada de migrantes, con un impacto en sus sistema de salud .
La organización defensora de migrantes Families Belong Together condenó este viernes la decisión judicial, advirtió que "causará un daño irreparable" y exigió "un sistema de asilo justo".
Desde que comenzó a implementarse en marzo de 2020, Estados Unidos ha recurrido al Título 42 más de 1.8 millones de veces para expulsar a migrantes indocumentados a México o sus países de origen sin permitirles solicitar asilo, según datos gubernamentales.
No es el primer varapalo judicial contra la política migratoria de Biden, puesto que un juez ya suspendió su intento de acabar con el programa Quédate en México, instaurado por Trump para obligar a los solicitantes de asilo a esperar su turno en territorio mexicano.
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