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Los Ángeles. La gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, vetó este lunes un controvertido proyecto de ley que habría otorgado autoridad a la policía a detener a migrantes de los cuales sospechen que ingresaron de forma ilegal a Estados Unidos, y otorgaba a los agentes inmunidad en caso de demandas.
El proyecto SB 1231, conocido como la Ley de Invasión de Arizona, llegó de forma expedita al escritorio de Hobbs, después de una maniobra de los legisladores republicanos que pasó por alto el debate normal en el pleno de la Cámara de Representantes de ese estado.
Hobbs argumentó que el proyecto no asegura la frontera y “será perjudicial para las comunidades y empresas de nuestro estado y una carga para el personal encargado de hacer cumplir la ley y el sistema judicial estatal”.
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La demócrata agregó que el proyecto supone “importantes preocupaciones constitucionales y seguramente sumergiría al Estado en un litigio costoso y prolongado”.
La medida migratoria se convertía en una de las más estrictas de Arziona al permitir a la policía local y estatal cuestionar el estatus migratorio de las personas. Además daba a las agencias del orden y a los policías “inmunidad” en caso de demandas relacionadas con la aplicación de la ley.
Noah Schramm, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Arizona, dijo hoy en un comunicado que el proyecto “era una medida antiinmigrante descaradamente inconstitucional y extrema” que habría enviado al estado al pasado.
“Una legislación como la SB 1231 no tiene cabida en Arizona, donde los inmigrantes son nuestros amigos, familiares y vecinos; pero en lugar de proteger a las comunidades de Arizona, a los legisladores extremistas sólo les preocupa incitar divisiones odiosas”, agregó el activista, que agradeció el veto dado por Hobbs.
El proyecto de ley de Arizona seguía los pasos de una controvertida ley de Texas, recién aprobado, que permite a las autoridades policiales detener y expulsar a México a inmigrantes de los cuales sospechen que ingresaron de forma ilegal a Estados Unidos.
La ley de Texas, que debía entrar en vigor este 4 de marzo, originó una batalla legal que llegó hoy hasta la Corte Suprema, que tendrá que analizar si la ley es inconstitucional por asumir poderes dados solo al gobierno federal.
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