, gobernador de California, firmó un proyecto de ley este martes que permite a las personas, así como a los gobiernos estatales y locales, demandar a los fabricantes de armas por negligencia, lo que podría allanar el camino a una ola de demandas si la legislación sobrevive a los inevitables desafíos legales.
“Si ha resultado herido o un miembro de su familia es víctima de la violencia armada , ahora puede ir a la corte y responsabilizar a estos fabricantes de armas mortales ”, dijo Newsom mientras firmaba el proyecto de ley en un mensaje de video tuiteado, reportó Politico.
Las empresas podrían enfrentar demandas si sus productos son "anormalmente peligrosos", se venden de una manera que permite convertirlos ilegalmente o terminan en manos de personas que tienen prohibido poseer armas de fuego .
Los fabricantes y comerciantes de armas en California deberán bloquear las ventas de armas de fuego a cualquier persona que tenga “motivos razonables para creer que está en riesgo sustancial” de usar un arma ilegalmente o de dañarse a sí mismos o a otros, bajo la medida.
La medida de California crea un código de conducta que presenta varias salvaguardas destinadas a reducir la violencia armada , autorizando demandas por violaciones por parte del fiscal general del estado, los fiscales de la ciudad y los ciudadanos individuales. El proyecto de ley entra en vigor el próximo verano.
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La Asociación Nacional del Rifle dijo que los requisitos son vagos y representan un intento de responsabilizar a los traficantes y fabricantes de armas por las acciones de otros. La nueva ley, dijo el grupo, “busca frustrar a los propietarios de armas respetuosos de la ley” con el objetivo de llevar a los fabricantes y comerciantes de armas “a la quiebra con litigios frívolos”.
El estándar de conducta de la industria de armas de fuego del estado, a partir de julio de 2023, requerirá que aquellos que fabriquen, importen o vendan armas de fuego "tomen precauciones razonables" para asegurarse de que las armas no caigan en las manos equivocadas a través de ventas o robos.
Eso incluye tener “controles razonables” para evitar las ventas a traficantes de armas, testaferros, aquellos a quienes se les prohíbe poseer armas y cualquier persona que se considere que corre un “riesgo sustancial” de usar el arma de manera inapropiada.
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La ley se basa en una medida de Nueva York que entró en vigor el año pasado para eludir una ley federal de 2005 que bloquea la mayoría de las demandas de responsabilidad contra fabricantes o comerciantes de armas.
La medida de Nueva York declaró tales violaciones como una “molestia pública”, aprovechando una exención federal que permite demandas cuando los fabricantes de armas infringen las leyes estatales o locales que regulan la venta y comercialización de armas de fuego .
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