Alejadas de la presión de los focos de la actualidad informativa, las instituciones catalanas han empezado a revisar el contexto y las decisiones que desembocaron en la muerte de una niña argentina después de que ella y su hermana gemela llevaran a cabo una tentativa de suicidio a mediados de febrero en la localidad de Sallent.
Según informó el diario barcelonés La Vanguardia, el director del centro escolar al que acudían las dos hermanas, el Institut Llobregat, presentó su dimisión que justificó en la presión “insoportable” que recibió durante las últimas semanas, ya que se ha cuestionado su actuación después de que las gemelas hubieran denunciado en repetidas ocasiones haber sufrido bullying o acoso escolar.
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Las dos hermanas, de 12 años de edad, se precipitaron al vacío desde su apartamento, un tercer piso, y cada una dejó una nota explicando sus razones. Una de ellas, Alana, que había pedido a su círculo de amigas que le llamaran Iván porque se sentía un niño, fue la que decidió poner fin a su vida y falleció en el acto. Su hermana, Leila, la acompañó por solidaridad.
Según ha podido saber La Nación, la vida de Leila, que sobrevivió a la brutal caída, se halla fuera de peligro. Durante el último mes ha sido intervenida quirúrgicamente en diversas ocasiones para tratar sus lesiones en los brazos, mandíbula y cráneo. La operación en la cabeza fue la más delicada y se alargó durante más de siete horas. La pequeña está consciente, es capaz de reconocer a sus familiares, pero habla “entre muy poco, y nada”. De su lado no se despegan sus padres, Maia y Luca. Leila se está recuperando en el Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, pero se espera que pronto sea trasladada en otro centro para empezar la rehabilitación.
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Tras descartar en un primer momento la existencia de acoso escolar al no haber activado la propia escuela el protocolo anti-bullying, el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña se ha implicado a fondo en el caso. De acuerdo con La Vanguardia, se han celebrado reuniones en el Institut Llobregat con el conjunto del profesorado en las que han participado el inspector del Departamento Josep Roca, y la directora de los Servicios Territoriales de Educación de la Cataluña Central, Gemma Boix. Fue en el marco de estas reuniones que el director, Josep Olivella, a pesar de defender su labor, presentó su dimisión, si bien se comprometió a seguir en el cargo de forma interina hasta final de curso.
En paralelo, las autoridades judiciales han comenzado a estudiar minuciosamente los comportamientos de las personas que interactuaron con las gemelas durante los meses y semanas previas a la tragedia. Los Mossos d’Esquadra, la policía autónoma catalana, ya tomaron declaración a la madre de las niñas, Maia Fortete, durante más de cinco horas en la comisaría de la vecina ciudad de Manresa, a la que acudió acompañada de su abogado. En el primer atestado policial entregado a la jueza, se constataba que las gemelas habían sido víctimas de bullying por parte de varios compañeros de clase, tal como habían denunciado sus familiares y amigos.
De acuerdo con varios testigos, los acosadores llamaban ofensivamente a Alana “marimacho” e “Ivana” por su decisión de cambiar de género y adoptar el nombre de Iván. Alana no se amedrentaba frente a sus acosadores, lo que había desembocado en alguna pelea. Ante estas situaciones, lo que solían hacer los profesores era aislar a la niña en una sala para que “se relajara”. La medida ha sido criticada por numerosos expertos ya que puede ser percibida por los alumnos como un castigo a la víctima, cuando quienes deberían ser reprobados son los agresores.
Contactada por La Nación, la familia ha declinado realizar cualquier comentario mientras siga en curso la investigación judicial, tal como ha aconsejado su abogado. Su última declaración pública fue a través de un comunicado dirigido a La Vanguardia en la que agradecía el apoyo recibido, pedía que no se politizara su caso, y advertía que su hija se “llamaba Alana, no Iván”.
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Cinco días después de la tragedia, se celebró un emotivo funeral en Sallent, la pequeña localidad situada a unos de 70 kilómetros de Barcelona a la que se había trasladado la familia hace aproximadamente un año y medio. Tras el servicio, mantenido en la más estricta intimidad, se procedió a incinerar los restos de Alana. Desde entonces, sus allegados, ONG y responsables educativos están intentado adoptar las medidas necesarias para que una desgracia de tales dimensiones no se repita.
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asf