San José.— En uno de los más “emblemáticos” escándalos de corrupción empresarial del siglo XXI en Colombia, la filial en ese país de Cemex, principal cementera de México y una de las más importantes del mundo, ganó un prolongado pleito judicial de siete años luego de que un juzgado colombiano condenó anteayer a prisión a dos prófugos internacionales por la venta irregular de terrenos para edificar una gigantesca planta de cemento.
Los colombianos Édgar Ramírez Martínez, exvicepresidente de Planeación de Cemex Colombia, y Eugenio Correa Díaz, ejecutivo de C.I. Calizas y Minerales, de Colombia, y firma que vendió las tierras en unos 20 millones de dólares, fueron sentenciados por el Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá a 15 años y un mes y a 20 años de cárcel, respectivamente.
“Este es uno de los casos más emblemáticos de la historia reciente de Colombia en materia de corrupción empresarial”, aseguró el abogado Jaime Granados, defensor de Cemex Colombia, en una audiencia que se efectuó anteayer para la lectura del veredicto. Al amparo de su cargo relevante en Cemex Colombia, Ramírez “se aprovechó (…) de la confianza” de sus compañeros, superiores y accionistas, dio un “pésimo ejemplo”, “lo que hizo fue lucrarse” y “no cumplió con sus deberes”, adujo.
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Las órdenes de prisión preventiva contra Ramírez y Correa tampoco se pudieron “materializar” por su fuga aparentemente a Estados Unidos, narró.
Por denuncias de Cemex, la Fiscalía General de Colombia abrió el proceso en 2016 y acusó a Ramírez y a Correa de enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo. A Correa, como intermediario, lo responsabilizó de lavado de activos y a Ramírez de administración desleal agravada.
La Fiscalía aseguró que la minera vendió a la cementera unos terrenos en el noroccidental departamento (estado) de Antioquia, cuya venta estaba prohibida por un conflicto de lavado de activos contra su propietario.
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La operación fue ilícita porque el Estado colombiano sometió las tierras a extinción de dominio luego de que su dueño, el colombiano José Adémar Moncada Moncada, alias Chatarrero, fue declarado culpable de lavado de activos en un desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia, según la Fiscalía. Moncada fue asesinado por sicarios en 2016.
Fuentes judiciales dijeron que el negocio pudo tener repercusiones bursátiles externas, porque comprar lotes con impedimento de venta significó alterar estados financieros, ocultar hechos a las bolsas de valores de Colombia, México y EU, porque Cemex cotiza en esos mercados públicos, y realizar pagos indebidos a alcaldes y concejales colombianos.
Con la meta de edificar una planta cementera aledaña a una mina de cal y producir más de un millón de toneladas de cemento al año, la operación se convirtió en una de las de mayor envergadura desde que Cemex —que opera en más de 50 países de América, África, Europa y Asia— se instaló en Colombia hace unos 27 años, pero nunca se concretó por el diferendo con las tierras y entró en suspenso. La Fiscalía adujo que Cemex Colombia depositó el dinero en una cuenta de Correa y que la negociación fue ejecutada pese a saberse del trámite de extinción de dominio contra Moncada sobre el predio.
El juez Quinto Penal especializado de Bogotá, Luis Carlos Pérez Galindo, negó un intento que Ramírez planteó al presentarse anteayer por vía virtual desde EU para introducir una demanda de recusación, en su única comparecencia en el juicio.
Ramírez cuestionó la imparcialidad de Pérez por mostrar “interés” a favor de Cemex Colombia como demandante. Pérez rechazó las dudas de su labor como juzgador y, de inmediato, anunció la condena contra ambos por totalidad de las conductas punibles.
Ramírez y Correa huyeron a EU al destaparse el escándalo y se les responsabilizó de contumacia por persistir con tenacidad en su rebeldía a responder ante autoridades judiciales.
El diario El Tiempo, de Bogotá, publicó el miércoles anterior que ambos tienen orden de captura o circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Un juzgado de Bogotá ratificó en 2018 orden de captura de dos exejecutivos de Cemex —Ramírez y el colombiano Camilo González Téllez, exvicepresidente jurídico— y de Correa. Por administración desleal agravada y enriquecimiento ilícito, González fue el único detenido, pactó con Fiscalía y aceptó condena de 32 meses de cárcel.