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San José. – La crisis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se agravó con la forzosa destitución que se concretó el pasado jueves del brasileño Paulo Abrão como secretario ejecutivo tras un choque con el uruguayo Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el desenlace del lío, Abrão alertó en una carta pública que su despido marcará “un grave precedente” para el sistema interamericano de derechos humanos y exhortó a permanecer “alerta y vigilante” sobre el rumbo de la institución.
“No es posible hacer una evaluación adecuada de la situación de los derechos humanos en la región” si hay “injerencias externas y políticas” y “sin independencia técnica, material y funcional”, alegó en la misiva.
“Históricamente siempre existieron presiones e intereses muy poderosos contra una CIDH activa, más fuerte y eficiente”, recordó.
El conflicto recrudeció desde que, el 15 de agosto, Almagro se abstuvo de renovar el mandato de Abrão a partir de esa fecha.
Almagro adujo que “no se ha podido avanzar” en designar al secretario ejecutivo por la existencia de decenas de denuncias de carácter funcional contra Abrão.
El diferendo se basó en un presunto acoso laboral del brasileño en unos 60 procesos administrativos y una supuesta manipulación de concursos y contrataciones.
El diplomático uruguayo lamentó que la CIDH tuvo conocimiento de las denuncias, aunque nunca las tramitó para resolverlas y dio un “duro golpe” a su propia credibilidad.
La CIDH, con base en Washington y parte de los mecanismos de la OEA, ignoró la resolución de Almagro y ratificó en agosto al brasileño en el cargo, tras ejercer un primer periodo de 2016 a 2020 y ser reelecto en enero anterior en México para el de 2020 a 2024.
La Comisión detalló ese mes negarse a prolongar el contrato de Abrão fue una medida “unilateral” del jerarca de la OEA que desconoció la independencia y autonomía de la CIDH.
Final. El nudo se desató este jueves, cuando la Comisión abrió un concurso para seleccionar al nuevo secretario ejecutivo “tras no haber obtenido la extensión contractual” para Abrão.
Al expresar su “profundo rechazo” a la decisión de Almaro de negarse a renovar el contrato, añadió que ese acto “quebranta una práctica” de más de 20 años de respeto a la CIDH para nombrar a la persona para el puesto. No hay todavía reacción de Almagro a esos cuestionamientos.
El chileno José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch, organización no estatal de defensa de derechos humanos de Washington, tuiteó que Almagro “se salió con la suya”.
“Pasará a la historia con el triste honor de ser el secretario de la OEA que logró dañar la independencia y credibilidad de la entidad con mayor impacto regional (en derechos humanos) durante las últimas décadas. Grave retroceso”, afirmó.
Por su parte, la venezolana Beatriz Borges, directora del (no estatal) Centro de Justicia y Paz (Cepaz), de Venezuela, dijo a este diario que el episodio entre Almagro y Abrão fue “muy lamentable para los derechos humanos y la credibilidad” de la CIDH y “sentimos que no fue bien manejado”.
“Preocupa la existencia de las denuncias y su manejo. Existen demandas concretas de exfuncionarios”, añadió, al recordar que esta situación “lamentable y mal manejada” debe servir para fortalecer el trabajo interno y la independencia de la Comisión.
América necesita “una CIDH fortalecida que dé respuesta fuerte y clara a lo que está pasando en derechos humanos en el continente”, sentenció.
