San José.- Acostumbrado en los últimos 15 años a ir a los tribunales peruanos a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, Alberto Fujimori quedará mañana expuesto al juicio de la historia: ¿fue correcta o incorrecta la decisión que adoptó el 5 de abril de 1992, como presidente de Perú , de ejecutar un autogolpe de Estado que marcó la institucionalidad política, gubernamental, legislativa, judicial y socioeconómica peruana?
Al cumplirse mañana el 30 aniversario del autogolpe, que Fujimori ejecutó en la peor crisis de su país al final del siglo XX, Perú pasó del menú del decenio de 1990, de terrorismo, hiperinflación y caos económico al de las décadas de 2010 y 2020: estabilidad económica con… inestabilidad política y corrupción.
Perú tuvo cinco presidentes de 2016 a 2022, de los que uno dimitió por corrupción y otro fue destituido por el Congreso también por corrupción. Uno gobernó siete meses y 11 días y entregó al actual mandatario, Pedro Castillo, marcado ya por la inestabilidad y denuncias de corrupción sin cumplir el primero de sus cinco años en el poder.
Fujimori disolvió temporalmente el Congreso, intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público (Fiscalía), el Tribunal de Garantías Constitucionales, los gobiernos regionales y la Contraloría General, derogó la Constitución Política de 1979 y se ganó el repudio externo por interrumpir el orden constitucional de la renaciente democracia peruana.
La decisión fue masivamente apoyada en 1992 por los peruanos, convencidos de que el gobernante resolvería la aguda crisis económica y aniquilaría a la organización terrorista Partido Comunista del Perú—Sendero Luminoso, alzada en armas desde 1980.
La historia juzgará a Fujimori por la ruptura constitucional en Perú, que en 1992 sumó 12 años de retorno a la democracia tras el régimen militar que gobernó de 1968 a 1980.
“Aunque hay que reconocerle al ‘fujimorismo’ que sembró una buena plataforma económica, tampoco hay que pensar que él derrotó al terrorismo, que en 1992 estaba en retroceso. Todo esto en el imaginario popular fue tomado como un éxito de Fujimori”, afirmó el analista político, columnista y periodista peruano César Campos.
“El autogolpe pretendió justificarse en el enorme deterioro de la economía y en la arremetida terrorista. Fueron los pretextos de Fujimori para establecer una etapa transitoria de reordenamiento nacional”, dijo Campos a EL UNIVERSAL .
“Cierto que sentó las bases del progreso económico del país con economía abierta y fomento de las inversiones al deshacerse del inepto aparato empresarial estatal. Pero el golpe a la institucionalidad democrática fue muy grande y del cual hasta ahora no nos recuperamos”, advirtió.
“Por eso hoy tenemos lo que tenemos: a un presidente (Castillo) que proviene de un partido marginal que nunca pensó en ganar. El triunfo de Castillo (en 2021) fue por negación a la candidatura de Keiko Fujimori (hija del ex presidente) y eso es lo que le da mérito a su gestión”, detalló.
Turbio historial
Fujimori asumió la presidencia el 28 de julio de 1990 para un quinquenio que interrumpió con el autogolpe de Estado y comenzó a gobernar de facto, convocó en 1992 a una constituyente que promulgó una carta magna que entró en vigencia el 31 de diciembre de 1993 y marcó el retorno al Estado de derecho.
Fujimori se reeligió 1995 y en 2000. Acorralado por una conmoción sociopolítica interna, dimitió desde Japón en noviembre de 2000, pero fue destituido por el Congreso por incapacidad moral.
Fujimori viajó en 2005 a Chile, donde fue detenido a solicitud de Perú por corrupción y crímenes de lesa humanidad por dos matanzas en 1991 y 1992, por lo que en 20o7 se le extraditó a Lima. Condenado en 2010 a 25 años de prisión, en 2017 recibió un indulto humanitario presidencial que fue anulado en 2018 por un juzgado y en 2019 retornó a prisión.
El Tribunal Constitucional de Perú derogó el 17 de marzo anterior el fallo del juzgado y ordenó liberarlo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2015 y 2017 condenó a Perú por las matanzas de Fujimori, pidió el pasado 30 de marzo al Tribunal que se abstenga de liberarlo por estar pendientes unos recursos legales de familiares de las víctimas.
Debacle peruana
“El país estaba realmente mal en 1992”, recordó a este diario el congresista opositor peruano Ernesto Bustamante, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.
Con inflación incontrolable, economía informal en 95%, Estado quebrado sin captar impuestos y ataque terrorista, Bustamante insistió en que “la situación era de emergencia en abril de 1992. No avalo un golpe de Estado. Soy demócrata. Pero lo que ocurrió en 1992 si lo avalé. Y sí, se rompió el orden democrático”.
“Si la policía o el ejército capturaban a un miembro de Sendero Luminoso, los jueces lo soltaban porque la banda mataba a la familia del juez. Ningún juez condenaba a un terrorista. Por miedo, los congresistas tampoco aprobaban leyes antiterroristas y viajaban con metralletas y granadas de mano para protegerse de los terroristas. Perú no podía hacer una ley para proteger jueces y que no fueran conminados a liberar terroristas”, relató.
“Estábamos rodeados por el ejército enemigo de Sendero Luminoso. O Perú sucumbía o rompíamos el orden democrático. Líderes opositores fueron encarcelados con el autogolpe por connivencia con los terroristas: para no ser asesinados por Sendero Luminoso, pactaron con esa banda”, señaló.
Con el autogolpe, Fujimori nombró jueces sin rostro y, en lo que selló el desplome de Sendero Luminoso, capturó en octubre de 1992 a Abimael Guzmán alias “Presidente Gonzalo, líder de ese grupo y fallecido en prisión en 2021.
Bustamante comparó: “Las reservas monetarias de 1992 de Perú eran negativas y hoy son de 70 mil millones de dólares. Los montos de las exportaciones y del crecimiento económico en 2021 fueron los más altos de la historia, pese a Castillo. Hoy tenemos una crisis, sí, pero la crisis política de la década de 1990… era la de supervivencia de la nación”.
agv
