Más Información
San José.— Cuando la enfermera haitiana Jocelyne Grand-Pierre se enteró el 22 de julio anterior de que su esposo, el médico haitiano Reynold Grand-Pierre, fue secuestrado ese día por pandilleros en un barrio de la capital de Haití y ser sorprendido al salir de compras en un comercio, intentó infructuosamente iniciar una negociación con los criminales.
Al pasar los días y nunca recibir noticias de los secuestradores sobre las demandas para el rescate y la liberación de su marido, Jocelyne comenzó una huelga de hambre… que el 29 de julio la llevó a la muerte.
“No hay necesidad de poner calificativos a esta tragedia”, narró el periódico Le Nouvelliste, de Puerto Príncipe y el principal y único impreso de Haití, en una crónica sobre el desenlace mortal de otro caso en la secuela de una incontrolable oleada de violencia criminal que siguió agravándose en 2023 en el desastre socioeconómico, político e institucional de esa nación.
“En Haití siempre hay drama dentro del drama. Un sinfín de daños colaterales”, relató.
Por ahora, tampoco hay noticias del médico y en una calamidad familiar que mostró la aguda inseguridad en Haití, con dos estadounidenses secuestrados.
En la comunidad internacional resurgió este mes el plan de desplegar una nueva fuerza multinacional de seguridad —la décimo primera en 30 años— en suelo haitiano y tratar de combatir un problema de germen policial.
“Una fuerza militar sería inútil”, dijo el historiador y relacionista internacional brasileño Ricardo Seitenfus, representante especial del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y jefe de la oficina de ese organismo en Haití de 2009 a 2011. “Se necesita una fuerza policial”, explicó Seitenfus a EL UNIVERSAL.
“Haití no conoce conflictos étnicos, religiosos, territoriales. No está en guerra civil y tampoco es una amenaza a la paz y a la seguridad regional. Hoy, sobre todo la zona metropolitana de la capital, sufre con la acción de pandillas y sus secuestros. Para combatirlos es indispensable una estrategia policial de seguridad pública”, insistió.
“O sea, de inteligencia, de equipamientos adaptados a la realidad urbana y de personal entrenado. Nada más. Sin la presencia de militares”, recalcó.
Al sugerir que las policías de Brasil, Colombia, El Salvador y México, entre otros países, tienen “más experiencia y mejores condiciones para enfrentar las pandillas haitianas”, aclaró que “todavía ningún gobierno” de América Latina y el Caribe “se dispuso hasta hora a participar de una ‘fuerza multinacional’ policial o militar”.
“Todos los presidentes haitianos desde hace 30 años, buscan protección de fuerzas de afuera”, recordó.
Aunque admitió que “hay varias maneras de abordar la crisis polifacética”, con varias “diferentes perspectivas, diagnósticos y conclusiones”, advirtió que “surge una impresión común. No sabemos qué hacer. Estamos perdidos, confundidos”.
Haití se precipitó en 2021 a una parálisis institucional, electoral y política con un débil régimen provisional, en un deterioro que recrudeció luego de que, el 7 de julio de 2021, el entonces presidente, Jovenel Moïse, fue asesinado por mercenarios, con lo que el país prolongó su añeja, generalizada y casi endémica descomposición.
Sin obtener respuesta, el gobierno haitiano reiteró en marzo un urgente pedido en la OEA para desplegar una fuerza internacional especializada y sólida que combata a las bandas armadas y restablecer la seguridad “lo antes posible” para el “retorno a la vida normal y la restauración” democrática.
El gobierno del cuestionado y frágil primer ministro de Haití, Ariel Henry, designado tras el asesinato de Moïse, alabó el anuncio que Kenia hizo el sábado pasado de que está lista para aportar mil policías a una fuerza multinacional de seguridad en territorio haitiano. Estados Unidos, Canadá y Bahamas también respaldaron ese plan.
La cancillería haitiana dijo el domingo que el objetivo de Kenia sería apoyar a las fuerzas haitianas “en su lucha” por restaurar “un entorno de seguridad”. Haití reconoció que la fuerza multinacional debe ser aprobada por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En un acelerado e incesante deterioro político, socioeconómico e institucional, más de 160 pandillas en Haití con miles de infantes, adolescentes, jóvenes y adultos atizaron la inseguridad, la violencia y la corrupción en áreas urbanas y rurales con homicidios, ejecuciones extrajudiciales, sobornos, secuestros, abuso sexual, trata de personas, robos, reclutamiento de menores y contrabando de armas y drogas.
La atención sobre Haití resurgió con el secuestro, el 27 de julio pasado, de la enfermera estadounidense Alix Dorsainvil y su hijo en el entorno de la capital. Dorsainvil labora para El Roi Haití, organización cristiana y humanitaria no estatal presidida por su esposo, Sandro Dorsainvil.
En un video de esa agrupación, la enfermera exaltó que los haitianos se adaptan a las adversidades y describió al pueblo de Haití como “lleno de alegría, vida y amor”.
