La justicia española fracasó en la persecución de los independentistas catalanes refugiados en varios países europeos, que reviraron al Tribunal Supremo español por su endeble argumentación judicial.
El primer traspiés de los tribunales españoles se produjo el pasado mes de julio, cuando Alemania rechazó extraditar por el delito de rebelión al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, que huyó de España para evitar su detención por organizar el proceso independentista declarado ilegal.
Los tribunales de Alemania, donde fue detenido el político separatista, estimaron que Puigdemont no era culpable de rebelión, ya que no observaban en los hechos la violencia necesaria para imputarle este delito. Por tanto, sólo lo entregarían a España por malversación de fondos públicos, otro de los ilícitos que pesan sobre el líder catalán.
El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa de Cataluña, Pablo Llarena, optó finalmente por retirar la orden de captura internacional contra Puigdemont, que en el caso de que hubiera sido entregado a España sólo podría ser juzgado por desvío de dinero, que es el delito por el que se le extradita.
Los jueces españoles tampoco consiguieron que Bélgica les entregara a los cuatro exconsejeros (exministros del Gobierno catalán), refugiados en ese país desde finales de 2017 y que fueron acusados también de desafiar al Estado con sus proclamas independentistas.
La justicia belga alegó la existencia de un defecto de forma que hacía que la orden policial europea contra los separatistas catalanes fuera técnicamente inadmisible.
El fiasco de la justicia ibérica se hizo más evidente todavía cuando los independentistas refugiados en Bélgica reaccionaron para demandar la recusación del Juez español que instruye la causa del proceso soberanista de Cataluña.
La justicia belga pidió la comparecencia ante los tribunales de ese país del Magistrado Llarena por su supuesta parcialidad a la hora de ordenar la captura de los políticos secesionistas, los cuales organizaron en Cataluña el referéndum de autodeterminación que el Gobierno central consideró anticonstitucional.
El amago separatista de octubre de 2017 provocó la fuga al extranjero de 7 independentistas y la detención de otros 9 políticos catalanes que se hallan en prisión, igualmente acusados de rebelión, desobediencia o malversación de caudales públicos, según los casos.
El desempeño del juez Llarena no sólo es cuestionado por los separatistas catalanes. Expertos y juristas españoles consideran igualmente desproporcionada la lectura que el Magistrado del Supremo hace de las consecuencias del desafío independentista, ya que el delito de rebelión es extremadamente grave, por lo que está castigado con penas que pueden superar los 20 años de cárcel.
"La acusación de rebelión no sólo carece de sustento empírico, pues la violencia que exige el Código Penal no tuvo lugar, sino que además revela una concepción muy pobre de la democracia, confundiendo protesta, resistencia y desobediencia con violencia insurreccional”, sostiene el sociólogo y profesor universitario de Ciencia Política, Ignacio Sánchez Cuenca.
El juez Llarena no hará acto de presencia en el Tribunal de Bélgica el próximo 25 de septiembre, fecha en la que se fijó finalmente su comparecencia luego de que la juez de ese país diera luz verde a la causa civil contra el Magistrado del Supremo, por su presunta parcialidad en la persecución de los independentistas catalanes.
El Gobierno español decidió que fuera un bufete de abogados belgas el que se hiciera cargo en Bruselas de la defensa de la jurisdicción española, después de que el Consejo General del Poder Judicial amparara al Magistrado del Supremo reprobado por la justicia europea.
Las decisiones de Alemania y Bélgica de cuestionar las órdenes de aprehensión emitidas por el juez Llarena contra los independentistas, restan legitimidad a la Justicia española, que está empeñada en castigar ejemplarmente a los organizadores del proceso soberanista en Cataluña.
Para el Gobierno español, los independentistas son simples políticos presos. Para los soberanistas, por el contrario, son presos políticos cuya situación injusta está siendo evidenciada por la Justicia europea y su resistencia a entregar a España a los líderes prófugos acusados de los mismos delitos que condujeron al reclusorio al resto de los responsables del proceso independentista.