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Miami.— Han transcurrido más de dos meses desde que entró en vigor en Florida la legislación HB1718, conocida como la ley antiinmigrante, y no sólo los trabajadores sin papeles y sus familias están huyendo a otros estados de la Unión Americana y dejando miles de espacios sin poder cubrirse, sino que los empresarios están preocupados y enojados “porque sus negocios se han desacelerado por falta de mano de obra”, comenta un vocero de Florida Immigrant Coalition (FLIC) a EL UNIVERSAL.
La agricultura, la construcción y el turismo son las industrias más afectadas tras la entrada en vigor de la norma, el pasado 1 de julio. “Muchas áreas de construcción están casi vacías, sin trabajadores; igual en el campo y muchos hoteles y restaurantes”, dice la organización.
“El de mayor riesgo es el campo, porque las verduras y las frutas, toda actividad del campo no espera. Sea la pisca [cosecha] o la siembra, el tiempo de esas actividades se traduce en que se pudran los productos o que no se siembren y en ambos casos habrá escasez en poco tiempo”, subraya Claudia González, de la Asociación Campesina de Florida, en Homestead.
La Coalición Americana de Inmigración Empresarial de Florida (ABIC, por sus siglas en inglés) confirma a este diario que “la ley [HB1718] nunca debió haber existido y menos ponerla en marcha. En este momento ya hay una crisis de trabajadores para atender los diversos puestos de distintas áreas de las industrias, que eran ocupados por migrantes que se han ido o se mantienen escondidos por temor a ser detenidos y deportados”.
Se trata, en la mayoría de los casos de “personas y familias que ya tenían cinco o 10, o más años en Estados Unidos; no necesariamente en Florida todo el tiempo, pero lo que menos quieren es ser devueltos a sus países de origen. Por eso se van del estado”, señala la líder campesina Claudia González.
“Si esto continúa y el gobernador no lo detiene, va a pagar las consecuencias, pero todos los que vivimos y trabajamos aquí también”, dice a este medio el agricultor Álvaro Perpuly, desde Homestead, Florida. “Yo calculo que se ha perdido [en Florida] entre 40% y un 50% de la fuerza laboral”.
Enrique Gramajo, empresario de una empacadora en Homestead, también comenta a este diario que “hace un mes, mes y medio, teníamos un equipo de 30 personas trabajando en el campo y se ha reducido a 18 y no encontramos a quién integrar, no hay mano de obra”.
De acuerdo con cálculos del Migration Policy Institute (MPI), antes de la ley HB1718, en Florida había cerca de 800 mil trabajadores migrantes sin documentos, y de ellos, 455 mil laboraban en diversas industrias del estado. Para varios analistas consultados, sin duda los números han cambiado para mal.
“En este momento no podemos saber con claridad cuántos se han ido o no salen de su área donde viven”, comenta González. “Lo que sí sabemos es que ya comenzó la crisis de falta de mano de obra y los empresarios están muy enojados con el gobernador y muy preocupados por sus negocios”.
El MPI ha resaltado que, aunque no existen datos oficiales de las primeras pérdidas por esta ley, el riesgo económico es muy alto. “Van dos meses y ya se resienten en el estado las consecuencias de la falta de mano de obra. Lo que sigue es el peso del golpe a la economía estatal”, aseguran. Según sus cálculos, el primer año se perderá alrededor de 1% del PIB de la Florida, es decir, más de 12 mil millones de dólares. Si se revisa la estadística hasta antes del 1 de julio pasado, en la industria del campo los trabajadores indocumentados representaban 47%; en la construcción, 24%; en gestión de residuos, 17%; en el turismo, 15%, y en otras áreas, 17%.
“No olvidemos que el gobernador [Ron DeSantis] está viendo hacia una candidatura presidencial por el Partido Republicano”, comenta Soraya Márquez, de Mi Familia Vota en Florida, “pero esta medida le está quitando apoyos de empresarios y me refiero a (...) económicos. Afortunadamente ha bajado en las preferencias también, aunque desafortunadamente [los republicanos] sólo tienen al malo de Trump y al peor de DeSantis”.
En 2019, el año prepandemia, Florida ocupaba el cuarto lugar en importancia económica de toda la Unión Americana, sólo detrás de California, Texas y Nueva York. En este momento pospandémico, con el peso de la inflación y, en el caso particular para Florida, la demanda de vivienda que ha elevado la inflación regional, está en el lugar 14.
“Vamos a ver hasta qué lugar caemos una vez que esta ley haya hecho el daño que todos vemos venir, menos el gobernador [DeSantis]”, sentencia Márquez.
Los demócratas están a la espera de que la ley le reviente a DeSantis en la cara. “No tenemos la menor idea de cómo logrará arreglar el desastre que se avecina en el estado”, dice Johanna López, congresista estatal. “No nos alegramos, es una ley que hará mucho daño en muchos sentidos, pero queda claro que DeSantis saldrá muy mal de esta trampa que él mismo armó”.
Tanto la FLIC como la ABIC y otras entidades empresariales y organizaciones proinmigrantes apoyan las denuncias que están interponiendo asociaciones que defienden los derechos de los migrantes y de los trabajadores. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), junto con Americanos por la Justicia de Inmigrantes, el Consejo Estadounidense de Inmigración, así como el Southern Poverty Law interpusieron recientemente una demanda en contra de la HB1718 a nombre de la Asociación de Trabajadores agrícolas de Florida e hicieron énfasis en la sección 10, que se relaciona con transportar a migrantes hacia la entidad; los demandantes señalan que es inconstitucional en referencia a que es y debe ser una regulación federal, que ya existe en la Constitución.
El pasado 9 de agosto, un juez de la Corte de Distrito Sur de Florida negó la posibilidad de bloquear dicha norma, debido a que, a juicio del juez, existen fallas en el procedimiento de la demanda; sin embargo, los demandantes tienes oportunidad de volver a presentarla una vez corregidas las observaciones.
“No estamos de acuerdo con los señalamientos, pero seguimos estudiando otras partes de la ley para irla paralizando a través de argumentos válidos y directos”, señala a este medio una vocera de la ACLU. “Porque queremos hacerlo con mucho cuidado”. Recientemente hubo un primer detenido, mexicano, por transportar de Georgia a Florida a migrantes mexicanos sin documentos. Lo detuvieron cerca de Tampa por traer vidrios polarizados más oscuros de lo permitido. El oficial de policía constató que no tenía licencia para manejar, además que ninguno de los ocupantes traía papeles para estar en Estados Unidos. Llamó a la Patrulla Fronteriza (BP, por sus siglas en inglés) y todos fueron detenidos y remitidos a un centro de detención para su proceso de deportación.
La ley HB1718 consiste, en términos generales, en penalizar económicamente a empresas que contraten a indocumentados.
El método es a través de la aplicación e-Verify para quienes tienen 25 o más empleados.
Los hospitales y las clínicas estatales deben reportar el estatus legal de todos sus pacientes y, cuando sea necesario, reportarlos a la BP. Entre los puntos más relevantes están que no se pueden solicitar licencias para manejar sin documentos legales y tampoco se reconocen licencias de otros estados a personas sin papeles. Y tampoco se pueden transportar hacia el interior de Florida a indocumentados.
