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San José. – Guatemala entró ayer a su mayor incertidumbre política y democrática del siglo XXI, luego de que la cuestionada Fiscalía General de ese país pidió retirar la inmunidad al presidente y a la vicepresidenta electos —los centroizquierdistas Bernardo Arévalo y Karin Herrera— y perpetró una oleada de arrestos políticos para sumir al país en un choque institucional que podría alterar la transmisión pacífica del poder en enero de 2024.
La implacable maniobra del Ministerio Público añadió nuevos y profundos temores al futuro de la democracia en Guatemala y al riesgo creciente de que, enfrentados a las reiteradas prácticas judiciales de colocarles cada vez más obstáculos en su ruta para asumir los cargos en los que fueron electos, Arévalo y Herrera se topen con más trabas para acatar la voluntad popular mayoritaria de los guatemaltecos expresada en las urnas en agosto anterior.
El pedido sobre la inmunidad llegará a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, que deberá aprobarlo para enjuiciarlos o rechazarlo y mantenerles el fuero que, el 5 de septiembre pasado, les confirió el Tribunal Supremo Electoral al declararlos electos para instalarse a partir del 14 de enero próximo y cumplir su cuatrienio.
Si la Corte les despoja de inmunidad, la Fiscalía podría ordenar su captura y quedarían sin opción de acudir dentro de 59 días a juramentarse ante el Congreso de Guatemala. “Se confirma nuevamente que la intención es que Arévalo y Herrera no tomen posesión. Realmente estamos en una crisis muy fuerte en Guatemala en la que no se está respetando la voluntad popular. Todo lo contrario”, advirtió el abogado maya guatemalteco Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC), agrupación no estatal de ese país.
“Estamos viendo cómo se está ejerciendo un poder autoritario desde la Fiscalía. Es el uso del poder punitivo del Estado, que es uno de los más fuertes dentro de cualquier Estado en el mundo. Es el mal uso para tratar de deslegitimar la democracia y también la elección que ya ejerció el pueblo de Guatemala. Las dudas de la comunidad internacional (sobre el futuro de la democracia en esa nación) tienen base”, dijo Cux a EL UNIVERSAL.
“Con lo que está sucediendo hoy (ayer) de criminalizar al binomio presidencial electo” y a estudiantes y catedráticos de la (estatal) Universidad de San Carlos, la cuarta más antigua de América, y basada la Fiscalía “en pocas evidencias”, en Guatemala “estamos sufriendo una zozobra”, describió.
Tras atribuir el proceso a “intentos de golpe electoral que se han agudizado en los últimos meses y hoy (ayer) se confirman nuevamente”, recalcó que el objetivo es que ni Arévalo y Herrera ni los funcionarios de su partido, el opositor Movimiento Semilla, electos en otros puestos públicos, consigan tomar posesión el próximo 14 de enero.
Arévalo, Herrera y el resto de dirigentes de Semilla “plantean una amenaza al Pacto de Corruptos que maneja el poder desde el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y también con grupos de poder económico que están detrás, dando soporte a estos funcionarios públicos”, recalcó.
Definido por sus enemigos como conjura partidista, militar y empresarial de la derecha guatemalteca para dominar piezas políticas, legislativas, jurídicas, económicas y de variada índole, el Pacto surgió hace unos 20 años y fue prácticamente oficializado en 2017. El Pacto emergió para tratar de controlar los poderes Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial, la Contraloría General y la Fiscalía.
Arévalo y Herrera se toparon con múltiples maniobras judiciales, atribuidas al Pacto por el dúo presidencial y por sectores políticos, sociales, académicos, laborales, indígenas, populares, diplomáticos y de la iniciativa privada, a para sacarlos de la carrera a la Presidencia. No obstante, ambos avanzaron sobre la gran cantidad de trabas fallidas impuestas por el Pacto.
El bloqueo apareció luego de que, como candidatos de Semilla, quedaron sorpresivamente de segundos y detrás de la derechista Sandra Torres, de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el 25 de junio anterior en la primera ronda de los comicios presidenciales. El ataque arreció después de que, el 20 de agosto, ganaron la segunda y se convirtieron en presidente y vicepresidenta electos.
Arévalo debería suceder en la Presidencia al derechista Alejandro Giammattei.
Nuevo episodio
La Fiscalía pidió ayer retirar la inmunidad de Arévalo y Herrera por supuestos daños al patrimonio de la Universidad al participar en 2022 en la toma a la fuerza del campus universitario para oponerse a un proceso electoral de ese centro.
Al presidente electo se le acusaría de los presuntos delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita, precisó.
También se despojaría de inmunidad a Herrera y al guatemalteco Raúl Herrera, diputado electo de Semilla, y a otros diputados en funciones, porque habrían utilizado la toma de la Universidad como “plataforma para sus candidaturas políticas”, alegó.
En la batida de ayer, con una cadena de 27 órdenes de captura y de 31 allanamientos en residencias de dirigentes de Semilla, la Fiscalía se confirmó como ingrediente esencial de las diligencias contra Arévalo.
El caso intensificó las luces políticas contra la abogada guatemalteca Consuelo Porras, jefa de la Fiscalía y acusada públicamente de manipular para ejecutar las trabas sobre Arévalo y Herrera. Porras negó las acusaciones.
Arévalo denunció ayer mismo lo que llamó un “asalto contra la democracia y el Estado de derecho”. Estados Unidos amenazó con imponer nuevas sanciones económicas y restricciones de visados contra autoridades guatemaltecas si Arévalo no asume su cargo el 14 de enero. “Estamos dispuestos a usar todas nuestras herramientas para combatir ese ataque a la democracia”, dijo el secretario adjunto del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols.
Giammattei intentó sin éxito desligarse de las denuncias de que se alió con el Pacto y así, vía Porras, combatir a Arévalo, desplazarlo y reemplazarlo por una alternativa afín a la extrema derecha guatemalteca, que en 1954 se apoderó del control de Guatemala.
Arévalo sería una ruptura en casi 70 años de turbulenta vida política de Guatemala, con una guerra de 1960 a 1996 cuyas heridas están abiertas y en un país que, pese al retorno de la democracia en 1986, quedó esta semana atrapado en horas de aguda y generalizada inestabilidad institucional sin precedentes en casi 24 años.
