Lima.— La fiscal de la Nación de Perú presentó ayer una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por el delito de organización criminal en un documento entregado al Congreso, una acción que puede llevar a la suspensión en el cargo del mandatario izquierdista.
La denuncia incluye también a dos exministros de Castillo, acusados de tráfico de influencias. Se trata de Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, exministro de Vivienda, a quienes se indica como integrantes de la supuesta organización que dirige Castillo desde la presidencia.
“Se han hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”, informó la fiscal de la nación, Patricia Benavides, en un documento difundido en la cuenta Twitter de la institución. El Congreso deberá debatir en los próximos días la denuncia que puede conllevar la suspensión de Castillo, para lo cual necesita 66 de los 130 votos de la cámara.
La reacción de Castillo no se hizo esperar. Aseguró que “se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en Perú”. También dijo que “si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, lo tengo que hacer, y si hay que entregar la vida, lo voy a hacer”.
Descartó que vaya a huir del país o pedir asilo. “Yo no voy a salir del país y, como siempre hemos dicho, nos sometemos a todo tipo de investigación”.
Por la mañana, la fiscalía, con el apoyo de un grupo especial de la Policía, allanó la vivienda de la hermana del presidente, donde estaba su madre, Mavila Terrones, quien fue internada en un hospital después de sufrir un problema de salud durante la diligencia. El presidente protestó por esta operación que, dijo, perjudicó la salud de su madre, quien recientemente fue sometida a una intervención quirúrgica. “Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”, tuiteó”. El operativo también allanó las oficinas y residencias de seis congresistas del partido centrista Acción Popular.
El futuro del presidente se torna sombrío, ya que la alianza de izquierda que lo apoya en el Congreso sólo cuenta con un tercio de los escaños, insuficiente para frenar la suspensión, que conlleva la separación del cargo hasta el final del mandato, en julio de 2026, aunque mantendrá la inmunidad, una figura que no evita que pueda ser investigado. De hecho, Castillo acumula ya seis indagatorias en su contra desde que asumió el poder hace 15 meses.
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