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Caracas. En un nuevo capítulo de tensión entre Venezuela y Argentina, el fiscal general venezolano solicitó el lunes casi una docena de órdenes de captura contra funcionarios argentinos por la retención y la posterior entrega a Estados Unidos de un avión de carga que fue vendido, según Washington, por una aerolínea iraní sancionada.
El pedido de detención desde Venezuela, inicialmente dirigido el 23 de septiembre contra el presidente argentino Javier Milei, su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia argentina, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se extendió a 11 personas, incluidos políticos, legisladores, jueces, fiscales y abogados.
Entre ellos está el juez federal Federico Villena que llevó la causa del avión de Emtrasur, una aerolínea de carga venezolana y subsidiaria de la empresa estatal Conviasa, que fue retenido en junio de 2022 por la policía argentina durante el gobierno del presidente Alberto Fernández.
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Funcionarios de Estados Unidos hicieron trámites unas semanas después para tomar posesión de la aeronave. Argentina oficialmente entregó a Estados Unidos la custodia del avión el 11 de febrero pasado.
La aeronave había sido transferida a la empresa venezolana por Mahan Air, aerolínea iraní que según funcionarios da apoyo a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Desde hace años está bajo restricciones a sus negocios por parte del gobierno estadounidense.
De acuerdo con funcionarios estadounidenses, la venta fue realizada sin autorización del gobierno estadounidense, violó leyes de control de exportaciones y también benefició indebidamente a la Guardia Revolucionaria iraní.
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En una declaración a la prensa, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, indicó que además solicitó la aprehensión de los fiscales Cecilia Incardona y Diego Iglesias.
Como en la orden de detención contra Milei, los 11 funcionarios argentinos son acusados de los presuntos delitos de “robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir”, indicó el fiscal general venezolano.
El gobierno argentino repudió la orden de arresto contra Milei, argumentando que el “mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional”, en referencia a que, en enero pasado, un mes antes de la entrega, el juez argentino aprobó el decomiso del avión de carga atendiendo el pedido de Estados Unidos.
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Como parte de la controversia, un tribunal argentino emitió una orden de captura contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela contra disidentes.
Saab catalogó la medida como un acto de represalia, resaltando que se produjo horas después de que desde Venezuela se emitiera la orden de detención contra Milei.
La causa contra Maduro y Cabello fue impulsada ante la justicia argentina en 2023, tomando en cuenta la jurisprudencia de Argentina en materia de derechos humanos y el principio de jurisdicción universal que permite actuar ante delitos de lesa humanidad, aunque estos se hayan cometido fuera de sus fronteras.
Las relaciones entre Argentina y Venezuela han sido tensas desde la llegada al poder en diciembre de Milei, un economista ultraliberal y de extrema derecha que ha calificado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de “dictador”. Maduro en sus actos públicos repetidamente insulta a Milei y lo tilda de neonazi.
mgm
