Más Información
Morena y aliados acuerdan apoyar reelección de Rosario Piedra en CNDH; “es una decisión de Estado”, dicen
Despliegan 12 mil elementos de seguridad para atender violencia en Guerrero; realizan operaciones en tres frentes
García Harfuch: Ataque a bar “Los Cantaritos” fue por rivalidad de células delictivas; hay avances en la investigación
Consejo Judicial Ciudadano aprueba a 7 aspirantes para la Fiscalía CDMX; entre ellos a Bertha María Alcalde Luján
UNAM designa a Alejandro Chanona director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; fue diputado federal de MC
Latinoamérica reducirá niveles de pobreza al finalizar 2024: Cepal; México entre los países con más pobres
Las autoridades rumanas han expresado temor ante la posibilidad de que Florian Tudor , el presunto jefe de la banda de la Riviera Maya , una organización criminal que robó más de mil millones de dólares al comprometer cajeros automáticos en destinos turísticos a lo largo de México, huya del país latinoamericano y escape a la justicia.
En marzo pasado, un tribunal de Bucarest emitió una orden de arresto contra Tudor, un rumano que actualmente reside en territorio mexicano, luego de que el Departamento Antimafia lo acusara de crear un grupo delictivo organizado, extorsión e intigación de intento de asesinato contra su exmano derecha, Constantin Sorinel Marcu.
El presunto líder de la pandilla ha negado sistemáticamente todos los cargos y apeló el fallo judicial. Sin embargo, la justicia rumana rechazó la apelación la semana pasada y abrió la posibilidad de solicitar la extradición de Tudor desde México.
Los fiscales han calificado a Tudor como “una amenaza para el orden público” y temen que el líder de la pandilla pueda reconstruir su red criminal de concretar un escape, revelaron documentos judiciales vistos por The Organized Crimea and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Lee también
Autoridades rumanas critican que sus homólogos mexicanos no han sido de ayuda durante el proceso judicial. También agregaron que las continuas referencias de Tudor a políticos mexicanos en sus declaraciones públicas son parte de una estrategia de intimidación para bloquear cualquier esfuerzo por investigar los crímenes de la pandilla.
El pasado miércoles, medios mexicanos informaron que un juez federal impidió, por ahora, la extradición de Tudor. Actualmente, el ciudadano rumano espera que la justicia mexicana acepte sus solicitudes de amparo pendientes para así recuperar los bienes que le fueron confiscados durante la investigación y evitar ser devuelto a su país de origen.
Tudor ha dicho a través de sus abogados que no puede salir de México para encarar a las autoridades rumanas porque tiene un hijo que necesita cuidados especiales y asegura que los fiscales pueden escuchar su declaración desde el extranjero.
Lee también
Los documentos judiciales también revelan nuevos detalles sobre cómo Tudor daba órdenes e intimidaba a otros pandilleros para preservar el control de la organización, incluida una tensa discusión a través de mensajes de texto entre él y Sorinel Marcu antes de su asesinato.
Posteriormente, una investigación liderada por autoridades mexicanas atribuyó el homicidio de Marcu a un guardia de seguridad que protegía los complejos de Tudor en Cancún.
OCCRP, Quinto Elemento Lab, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Rise Project publicaron una investigación en 2020 que reveló que las operaciones de la pandilla de la Riviera Maya representaron más del 12% del robo de tarjetas de crédito en todo el mundo.
Lee también
El grupo delictivo, que estableció su sede en Cancún, clonó tarjetas de crédito y débito en cajeros automáticos comprometidos en todo el país y presuntamente canalizó el dinero hacia bienes raíces en México y Rumania a través de compañías bajo su control.
Los fiscales rumanos estiman que unos mil hombres conformaban la banda de la Riviera Maya, con miembros asentados en Rumania, México, India y Estados Unidos.
Actualmente, seis miembros de la pandilla enfrentan sentencias que oscilan entre tres y 10 años. Un tribunal de Bucarest los declaró culpables en marzo pasado por intento de asesinato, extorsión, creación de un grupo delictivo organizado, posesión ilegal de un arma y conducir sin licencia.
jabf/lsm