San José.— A María Consuelo Porras Argueta se le teme en Guatemala. Designada en 2018 como fiscal general y jefa del Ministerio Público y reelecta sorpresivamente en 2022 para un segundo cuatrienio, Porras mostró ser una feroz carpintera judicial al servicio del Pacto de Corruptos, una conjura política, militar y empresarial de la derecha guatemalteca que surgió en 2017 y se gestó hace unos 20 años para preservar el poder en Guatemala… a cualquier costo.
“El Ministerio Público de Guatemala es actualmente el epicentro de la destrucción de la democracia en Guatemala”, advirtió el politólogo Manfredo Marroquín, director ejecutivo de Acción Ciudadana (AC), una instancia no estatal de Guatemala y filial de Transparencia Internacional (TI), foro mundial no estatal de Alemania para la decencia en la función pública.
“Desde el Ministerio Público opera el Pacto de Corruptos para intentar deslegitimar las elecciones que no le resultaron favorables, y minar la legitimidad del gobierno electo y de su presidente electo [Bernardo Arévalo]”, dijo Marroquín a EL UNIVERSAL.
Leer también: Movimiento Semilla pide al Tribunal Electoral de Guatemala anular su suspensión
“Es en esa institución [Ministerio Público], operando solitaria, obviamente con el respaldo del gobierno, de las cortes solapadamente, desde donde se piensa destruir la democracia de Guatemala”, subrayó.
Designada por Estados Unidos en 2022 como participante en “corrupción significativa” y en 2021 en una lista de “actores corruptos y antidemocráticos” de Guatemala, Porras se consolidó en 2023 como figura crucial del futuro político del país y, pese a las acusaciones en su contra de ilegalidades y de ser cómplice del Pacto de Corruptos, rechazó dimitir.
De 70 años y fiel aliada al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, que la nombró en 2018 y ratificó en 2022, Porras negó repetidamente que la institución que comanda pretenda interferir en el proceso electoral.
Giammattei pareció ceder ayer, anunció que el próximo lunes se reunirá con e presidente electo para ordenar la transición y pidió el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la etapa hasta el 14 de enero de 2024, cuando deberá finalizar su mandato y ser reemplazado por Arévalo, para que gobierne hasta 2028.
Guatemala acudió el 25 de junio anterior a comicios generales en primera ronda y el 20 de este mes a la segunda y definitiva vuelta de los presidenciales. Tras la primera, Porras impulsó sin éxito un menú de ataques judiciales de las fuerzas del Pacto para intentar sacar de la segunda a Arévalo, centroizquierdista postulado por el opositor partido Movimiento Semilla.
Pese a que Arévalo derrotó en la segunda a la centroderechista Sandra Torres, de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Porras recurrió a múltiples vías que podrían obstaculizar su avance hacia enero de 2024.
Porras ejecutó anteayer un triple operativo sobre Semilla y Arévalo.
Por un lado, y en un logro a solicitud de una fuerte presión de una de sus fiscalías, la Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió provisionalmente la personería jurídica del Movimiento Semilla.
Pero una hora después de ese acto en torno al rango legal del partido, que Semilla decidió apelar, el Tribunal proclamó a Arévalo como presidente electo.
Por el otro, envió a sus agentes a ajustar cuentas con el abogado guatemalteco Juan Francisco Sandoval, exjerarca anticorrupción, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y exilado en Estados Unidos, en un despliegue en la capital guatemalteca en la casa de los padres del exfuncionario.
“Están intimidando y amedrentando a mis padres, personas de la tercera edad que no tienen ninguna responsabilidad por el trabajo que desempeñé en el Ministerio Público”, tuiteó Sandoval el lunes.
Por último, y en una maniobra simultánea, gestionó el arresto de la abogada guatemalteca Claudia González, defensora de Sandoval y exdirigente de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en 2006 por el gobierno de Guatemala con aval de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que existió de 2007 a 2019.
A solicitud de Porras, un juzgado giró orden de captura de González, Sandoval y la abogada guatemalteca Eva Siomara Sosa al acusarlos de que, en sus trabajos en la FECI y la CICIG, habrían cometido el presunto delito de “abuso de autoridad”. Sosa integró la FECI y su paradero se ignora.
“Abusando de sus cargos realizaron y/o permitieron actos ilegales en perjuicio de la administración pública”, argumentó el Ministerio en un comunicado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia autónoma de OEA, condenó ayer “las órdenes de aprehensión” de Sandoval y Sosa y la captura de González.
Según la CIDH, González defendió a personas operadoras de justicia “criminalizadas por trabajar contra la impunidad y la corrupción” en Guatemala.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, alegó que cancelar el partido “vulnera” los derechos humanos que “garantizan la protección de elegidos y electores” y urgió a respetar “la voluntad ciudadana” y el “amplio apoyo popular” para Semilla y Arévalo.
Al recordar a este diario que el periodo electoral acabará el próximo 31 de octubre y podrían surgir nuevas amenazas al resultado en las urnas, la socióloga guatemalteca Carmen Rosa de León, analista política y consultora independiente internacional en seguridad y defensa, recalcó que Arévalo deberá “sacar a Porras” de su puesto, aunque en Guatemala se le tenga miedo.
Leer también: “Nada puede impedir que asuma en enero”, dice presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo