Un fiscal de Perú rechazó este miércoles entregar el cuerpo del jefe histórico de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, a su encarcelada viuda, y anunció que quedará bajo su custodia hasta que finalice la investigación de su muerte el sábado pasado en prisión.
"La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, denegó el pedido de Elena Yparraguirre, para que se le entregue el cuerpo del terrorista Abimael Guzmán Reinoso", señaló el Ministerio Público a través de su cuenta en la red social Twitter.
Pedido de la esposa de Abimael Guzmán
La resolución del fiscal Farfán llegó luego de que, el pasado domingo, un juzgado del Callao declarara infundada una demanda de habeas corpus presentada por Iparraguirre para que se le entregara el cadáver de su esposo y pudiera enterrarlo conforme a sus creencias.
El recurso fue rechazado por considerar que no existen fundamentos que demuestren una vulneración a la integridad personal ni a la libertad religiosa de la mujer, sentenciada a cadena perpetua por terrorismo.
El mismo día del deceso de Guzmán, Iparraguirre hizo unas llamadas telefónicas desde el penal de mujeres de Chorrillos, en el que está recluida, y presuntamente pidió "honor y gloria" a su esposo y aseguró que seguiría "su ejemplo de comunista hasta el fin".
A raíz de estas comunicaciones, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso la incomunicación de la mujer, le abrió un proceso disciplinario y ordenó su traslado a un sector de máxima seguridad.
¿Qué hacer con el cuerpo?
Desde el día en que murió Guzmán, a los 86 años, las autoridades peruanas están inmersas en el dilema sobre el destino que se les dará a los restos de este criminal, responsable como líder de Sendero Luminoso de miles de muertos entre los años 1980 y 2000 en el Perú.
La legislación vigente establece que los cadáveres sean entregados a los familiares directos del fallecido, siempre y cuando no haya una investigación en curso, pero no existe un marco jurídico específico sobre la disposición de cadáveres en situaciones especiales como la que se presentó con el cabecilla de Sendero.
Ante este vacío legal, el Gobierno ha insistido en la necesidad de evitar una tumba que incite a homenajes de sus seguidores, razón por la cual varios ministros y congresistas han sugerido que sea incinerado.
En esa línea, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó la víspera ante el Congreso una iniciativa legislativa para facultar que jueces y fiscales puedan decidir sobre la disposición de cadáveres que afecten al orden público.
De ser aprobada esta ley, los operadores de la Justicia podrán ponderar los derechos de los familiares ante un interés social o estatal más amplio y aplicarla en el caso de Guzmán, cuyo cadáver podría acabar siendo cremado
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