San José.
- La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) denunció penalmente a Mauricio Funes, ex Presidente salvadoreño , por supuesta evasión fiscal en 2014 al evitar declarar más de 271 mil dólares en renta y por dejar de pagar más de 85 mil dólares en impuestos, anunciaron fuentes oficiales salvadoreñas.
La fiscalía emitió una nueva orden de captura como medida cautelar provisional en contra de Funes , quien gobernó de 2009 a 2014 y en 2016 huyó a Nicaragua para ser favorecido en septiembre de ese año por un asilo político que le concedió el Presidente nicaragüense , Daniel Ortega.
Funes
, de 59 años, tiene otras cuatro órdenes previas de captura en su contra, ya que es reclamado por la justicia salvadoreña como presunto responsable de los delitos de lavado de dinero, soborno, peculado, agrupaciones ilícitas y divulgación de información reservada .
Con la demanda que la fiscalía presentó hoy en su contra, el ex Presidente acumula cinco acusaciones.
El delito de evasión fiscal tiene un marco sancionatorio de cuatro a ocho años de prisión, de acuerdo con la legislación salvadoreña.
Las anteriores peticiones de arresto fueron planteadas por El Salvador ante la Policía Internacional (Interpol) , según los datos oficiales.
Funes
, quien ganó la presidencia como candidato del izquierdista y ex guerrillero y todavía gobernante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) , alegó reiteradamente que es víctima de una persecución política y rechazó los cargos.
En un mensaje que difundió esta mañana en su cuenta de Twitter, Funes argumentó que “mis ingresos del 2014 fueron justificados en el proceso” que siguió una instancia judicial salvadoreña. “Las cuentas bancarias a las que alude la FGR las tengo desde antes de ser Presidente. En ellas deposité mi salario como consultor y el producto de la venta de una casa que compré en 1989” , declaró.
En un reporte que emitió esta mañana, la FGR aseguró que “el delito de presunta evasión fiscal, por el cual se requiere al ex mandatario, es por rentas no declaradas correspondientes al año 2014 que ascienden (a) 271 mil 857 dólares con 49 centavos, así como por evadir a 85 mil 157 dólares con 25 centavos en concepto de impuestos”.
La cuentas a las que alude la FGR las abrí antes de ser Presidente. Se usaron para depositar parte del dinero usado en la campaña del 2009. Una vez terminé mi mandato volví a usarlas y en ellas deposité mi salario como consultor y el dinero de la venta de mi casa comprada en 1989 pic.twitter.com/ro6a5t9BGh
— Mauricio Funes (@FunesCartagena) 27 de marzo de 2019
puntualizó.
“Por lo anterior, los nuevos delitos que enfrenta el imputado se clasifican en rentas no declaradas e incremento patrimonial no justificado. El marco legal penal salvadoreño establece una pena de cuatro a ocho años de prisión, en casos comprobados de evasión fiscal”, agregó.
En ese contexto, la FGR confió en que un juzgado de El Salvador, “según corresponde al trámite de reo ausente, decrete la detención provisional solicitada y gire una nueva orden de captura judicial”.
La fiscalía emitió en junio de 2018 una orden de captura a Funes por el aparente desvío de 351 millones de dólares de recursos públicos a cuentas personales en su gestión.
La brasileña Vanda Pignato , ex primera dama de El Salvador y ex esposa de Funes , fue detenida por la justicia salvadoreña en junio de 2018 junto a 32 personas, entre las que hay empresarios, por estar involucradas en un caso por el que ya están encarcelados un ex presidente de un banco estatal y varios asistentes que el ahora ex mandatario tuvo en la Presidencia. Pignato está en arresto domiciliario desde septiembre de 2018.
Funes
es parte de un grupo de ex Presidentes, ex primeras damas, ex ministros, ex jerarcas gubernamentales y empresarios que son el objetivo de una fuerte batida en contra de la corrupción que Centroamérica intensificó en los últimos años pese a sus debilidades institucionales, a un historial de décadas de impunidad y a la creciente penetración del crimen organizado en el área.
Otros tres ex Presidentes— los guatemaltecos Otto Pérez (2012—2015), Álvaro Colom (2008—2012) y el salvadoreño Antonio Saca (2004—2009) — quedaron presos en 2015, 2018 y 2016, respectivamente, por presunta corrupción política y continúan en prisión.
Saca
fue condenado en septiembre de 2018 a 10 años de cárcel por peculado y lavado de dinero por una serie de transacciones de alrededor de 260 millones de dólares en su gobierno, por lo que un tribunal salvadoreño exigió la devolución de esos recursos al Estado.
La ex vicepresidenta guatemalteca, Roxana Baldetti , está detenida desde 2015 por un tramado con Pérez, el cual involucró a empresarios.
El ex Presidente panameño, Ricardo Martinelli, quedó preso a partir de junio de 2018 en Panamá tras ser extraditado desde Estados Unidos y, actualmente, se sometió a la justicia de su país por un escándalo de presunto espionaje político a través de llamadas telefónicas que habría ejecutado en los dos últimos años de su quinquenio, de 2009 a 2014. Ex ministros de Martinelli también están acusados de actos de supuestas irregularidades con fondos estatales.
La hondureña Rosa Elena Bonilla Ávila, esposa del ex Presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa (2010—2014), fue detenida a finales de febrero de 2018 en Tegucigalpa porque presuntamente en enero de 2014, seis días antes de dejar de ser primera dama, traspasó a una cuenta bancaria personal más de medio millón de dólares de un programa estatal.
Con aparatos policiales, militares, judiciales, políticos, partidistas, financieros y empresariales permeados por el narcotráfico, otras modalidades de la delincuencia organizada y por pandillas o maras, la lucha contra la corrupción se consolidó como una de los factores claves de la gobernabilidad en Centroamérica .
iarp