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Increíble, pero real. La familia de una docente asesinada en 2018 en el distrito Alto Verde, frente al puerto de esta capital, deberá pagar los costes del juicio porque el femicida es “insolvente”.
fue asesinada hace cuatro años por Juan Ramón Cano, que en 2020 fue condenado a cadena perpetua . Ahora la Justicia pide a la familia de la víctima que pague los honorarios de los abogados que intervinieron en el proceso. ¿El motivo? El femicida es insolvente.
El costo que deben afrontar es de 457 mil pesos argentinos un monto que está lejos de su alcance y por eso realizan una campaña para recaudar el dinero .
Al mismo tiempo, remarcaron que es necesario que las autoridades revean esta situación: “Las familias de las víctimas necesitamos la representación legal otorgada por el Estado, tal como le es garantizada al imputado de cualquier delito o crimen”.
Silvia, hermana de la docente asesinada, dijo: “Quiero que Vanesa descanse en paz, quiero sobrevivir a estas situaciones tan injustas y poder acompañar a mi sobrina a sobrellevar el dolor que la atraviesa”.
Sin embargo, además del dolor de perder a su hermana, ahora se le suma la revictimización por parte de la Justicia, que pide a Silvia Castillo y a su madre que se hagan cargo de los honorarios del juicio en Santa Fe que terminó con la condena a prisión perpetua para el femicida Cano.
“Tan perverso es el Sistema de Acceso a la Justicia, que hoy mi madre y yo nos encontramos en la situación de tener que afrontar las costas del juicio”, sostuvo Silvia en su cuenta de Facebook, donde además detalló que “Cano fue sentenciado y condenado por el femicidio , y en la misma sentencia lo obligaban a asumir las costas del juicio y la apelación”.
Pero como el femicida es insolvente “la ley de honorarios profesionales prevé que se puede requerir el pago a la querella”. Ante esta situación Silvia indicó que, junto con su madre, son “víctimas de la encerrona de un sistema judicial que parece hecho para revictimizarnos, para quebrarnos de cualquier manera”.
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Homicidio y condena
El crimen de Vanesa Castillo , que tenía 33 años cuando fue asesinada frente al colegio “Victoriano Montes”, el 15 de febrero de 2018, alcanzó amplia repercusión pública. La docente se estaba retirando de la escuela cuando fue interceptada por Cano “con la excusa de venderle calzado”, pero como la docente dijo que no, él insistió, aunque le pidió que “lo llevara hasta una cancha de fútbol cercana” en su moto.
Nuevamente, la mujer se negó. Entonces, Cano se subió al vehículo y la apuñaló en distintas partes del cuerpo.
Cano fue condenado por los delitos de “ homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento, por ser perpetrado por un hombre a una mujer y mediante violencia de género y lesiones leves dolosas”.
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Crimen por encargo
Sin embargo, los allegados de Vanesa sostienen que el ataque a la maestra fue un crimen por encargo, a raíz de una situación de abuso sexual que padeció una alumna de la mujer, y por el compromiso que Castillo tuvo en la búsqueda de justicia para su alumna. El propio imputado expresó en la audiencia preliminar haber cobrado 50 mil pesos argentinos para matar a la docente.
“El principal responsable es la persona que le pagó a Cano 50 mil pesos para sicariar a Vanesa, como el propio Cano lo dijo en la audiencia preliminar. Después hay responsabilidades institucionales: del Ministerio de Educación y del mismo Ministerio Público de la Acusación, que citó a Vanesa como testigo y la única protección que tuvo fue firmar un papel. Ese acto simbólico protege al Estado, no a las víctimas y testigos”, sostuvo Silvia.
En este sentido, la familia de Vanesa invitó a sumarse a la convocatoria virtual en reclamo de justicia y de la sanción urgente de la que podría denominarse Ley Vanesa , que modifica el protocolo de intervención de docentes y trabajadores de la educación en situaciones de abuso infantil , y les brinda mayor protección.
La “Ley Vanesa” tiene el objetivo de proteger a los niños y adolescentes víctimas de abuso sexual , pero también a los docentes que están al frente de los niños en las aulas y denuncian estos casos.
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Buscando justicia
“Hemos aprendido que buscar justicia es un camino de injusticias avalado por la letra de la ley. El Estado garantiza la representación legal de la defensa del imputado y deja solos a las familias de las víctimas”, dijeron familias de la víctima.
Y agregaron: “La Justicia nos somete constantemente a injusticias . Los abogados nos notificaron de la regulación de honorarios , que claramente tienen derecho a cobrar por el trabajo realizado. Pero nosotros no tenemos por qué ni cómo pagarlo”, señaló.
La hermana de Vanesa pidió ayuda: “Necesitamos una mano para afrontar esta deuda que, deduciendo lo que fue abonado con la colaboración de Amsafé Provincial en 2018, son $457 mil pesos; por eso hacemos una campaña para recaudar el dinero necesario para cubrir este reclamo”, indicó.
“Queremos sensibilizar a la ciudadanía, a las autoridades, gobernantes y legisladores que tienen el poder de cambiar esta situación. Las familias de las víctimas necesitamos la representación legal otorgada por el Estado, tal como le es garantizado al imputado de cualquier delito o crimen. El femicidio de la Seño Vanesa Castillo es un hecho tan, tan injusto que no deja de drenar injusticias”, subrayó su hermana.
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ardm/acmr
