Los fabricantes de armas llevarán el caso de la demanda de México a la Corte Suprema, indicaron fuentes legales.
Andrew Lelling, abogado de Smith & Wesson, dijo este viernes que había una "posibilidad razonablemente buena" de que la Corte Suprema aceptara escuchar su apelación, y pidió al juez de distrito estadounidense Dennis Saylor que pusiera el caso en suspenso hasta que los jueces actúen.
Mencionó en una audiencia que la apelación se centraría en si los reclamos de México están prohibidos por una ley federal, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que brinda a los fabricantes de armas una amplia protección contra demandas por el uso indebido de sus productos.
"Este caso involucra un estatuto que está diseñado específicamente para permitir que este grupo específico de acusados evite los costos del litigio si el caso en cuestión cae dentro del ámbito del estatuto", dijo. "Esa misma cuestión sigue siendo la que está en discusión".
En enero, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México, Alicia Bárcena, informó que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos dictó sentencia a favor de México en su demanda contra empresas fabricantes de armas.
A finales de julio de 2023, un equipo legal del gobierno mexicano indicó que seguía con los litigios contra la industria armamentista estadounidense en una corte de apelación en Boston (Massachusetts) después de que un juez desechara en septiembre la demanda por la que pedía una indemnización de 10 millones de dólares.
La demanda interpuesta en 2021 es contra una serie de empresas productoras y distribuidoras de armas de fuego, que están representadas por uno de los abogados del expresidente Donald Trump (2017-2021).
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El 24 de julio de 2024, el consultor jurídico de la SRE, Alejandro Celorio, dijo en conferencia de prensa que la demanda fue rechazada en primera instancia, aunque la ley que otorga inmunidad a empresas armamentísticas contra litigios de responsabilidad civil no aplica si los daños fueron en México.
Este fue el argumento principal presentado por los abogados que representan al Gobierno mexicano en el proceso judicial ante el tribunal de apelación, que se demorará entre seis u ocho meses en emitir una resolución y dictaminar si continúa el proceso en una corte ordinaria o desecha definitivamente la demanda de México.
"El mejor escenario es que la corte de apelaciones decida que el juez de primera instancia erró en su análisis jurídico y le ordene que el litigio continúe, que vuelva a revisar los argumentos. El peor escenario, que le dé la razón al juez de primera instancia", expuso Celorio en aquel momento.
Mientras que la SRE indicó en un comunicado que en el marco de otra demanda presentada por México contra vendedoras de armas de fuego en Estados Unidos, cuyas prácticas comerciales facilitan el tráfico de esos productos al país, la Corte de Distrito para Arizona señaló el 22 de febrero de 2024 como fecha de audiencia para presentar alegatos orales.
Esta es la segunda demanda de México en contra de actores de la cadena de comercio de armas.
Mientras la demanda en Boston cuestiona una responsabilidad más amplia de las empresas que fabrican y distribuyen armas de fuego que facilitan su tráfico ilícito a México esta segunda demanda en Arizona atiende un ángulo específico del fenómeno: la negligencia de puntos directos de venta de armas.
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