San José.— Durante 40 años, aeronaves policiales estadounidenses despegaron de los aeropuertos de varios países de América Latina y el Caribe hacia Estados Unidos con trofeos de guerra como pasajeros: capos latinoamericanos y caribeños del narcotráfico.

En simultáneas operaciones clandestinas en pistas de aviación, trillos terrestres y corredores marítimos, los cárteles latinoamericanos y caribeños siguieron traficando droga a Estados Unidos, principal mercado mundial de consumo de sustancias ilegales: por cada extraditado, en México, Colombia, Honduras o Guatemala, emergió un narco que lo reemplazó.

Autorizadas por México desde inicios de la década de 1980, Colombia en 1997 y Guatemala y Honduras a partir del decenio de 2010, ¿las extradiciones de sus nacionales permitieron acabar o reducir el narcotráfico y el poder corruptor de los capos?

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¿O se convirtieron en armas de Washington para concentrar la culpa del contrabando de drogas en América Latina y el Caribe y en sus mafiosos y enrostrarle la culpa casi exclusiva del negocio, aunque EU es el destino buscado por los cárteles para su mercancía?

Ante esta prolongada controversia y en un hecho que repercutiría en el continente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso a EU modificar la extradición que, promovida por Washington como esencial, tampoco hincó y venció al narco.

Petro asumió el 7 de agosto pasado y el 23 presentó un plan: narcotraficante que no negocie con el Estado colombiano, se va extraditado a EU. Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano y reincida, se va extraditado a EU sin ningún tipo de negociación. Capo que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita a EU.

Washington prometió negociar la idea, pero destacó “la importancia” de la fuerza de la extradición” sin ser “la única” en la “caja de herramientas” de EU para atacar al narcotráfico.

“Lo que parece irse construyendo es una narcocracia en Colombia”, acusó el abogado, socio-economista y analista político Rafael Nieto, viceministro del Interior y de Justicia de ese país de 2003 y 2004 (gobierno de Álvaro Uribe, de 2002 a 2010). “Petro anunció que no habrá erradicación forzada de cultivos [ilícitos de hoja de coca, materia prima de la cocaína], que no usará el glifosato [herbicida] contra el narcocultivo, que va a definir un mecanismo que permita negociar con las organizaciones de narcotraficantes y ahora” que replanteará la extradición, dijo Nieto a EL UNIVERSAL.

“Por este camino parece evidente que el país se llenará de cultivos de hoja, más de los que ya existen, y aumentarán los ingresos de las organizaciones del narcotráfico. Al final tendremos un gobierno arrodillado a los delincuentes y que trata de mejor manera a quienes violan la ley y cometen toda clase de crímenes que a los ciudadanos de bien”, reprochó.

En su campaña electoral que en 2022 le llevó a la presidencia, “Petro sostuvo que su justicia era la de Colombia, que no se arrodillaría a poderes extranjeros y ofreció perdón social a los delincuentes. Las acciones de gobierno siguen esa línea y son preocupantes: desmontar la estrategia contra el narcotráfico sin que haya una alternativa seria”, advirtió.

De la mano de su líder visible, Pablo Emilio Escobar Gaviria, el Cártel de Medellín, la más poderosa red del narcotráfico de Colombia del siglo XX, le declaró la guerra al Estado en los 80 para rechazar la extradición de nacionales de ese país a EU. Al caer en 1993 en un choque a balazos con la policía colombiana, Escobar legó una famosa frase: “Prefiero una tumba en Colombia que una celda en EU”.

Para el abogado colombiano Reynaldo Villalba, vicepresidente de la (no estatal) Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de París, urge “modificar” el trámite para extraditar desde Colombia.

Antes de extraditar a EU, “las solicitudes [estadounidenses] no debieran priorizarse en casos de personas comprometidas en graves violaciones de derechos humanos y responder primero en la justicia colombiana”, alegó Villalba a este diario. Dar preferencia a los trámites de EU “es muy grave: hay narcotraficantes colombianos que terminan pagando penas cortas [en EU], disfrutan de su capital en ese país y les impiden retornar a Colombia a responder por violaciones de derechos humanos”, argumentó. “Siempre preferir que la justicia doméstica [colombiana] sea la que se ocupe de juzgar: ahora se prioriza el narcotráfico sobre crímenes de mayor gravedad y se burla el derecho de las víctimas”, puntualizó.

Las fuentes consultadas coincidieron en que el envío a EU desde México, Colombia, Guatemala y Honduras, por ejemplo, de personas de naciones cruciales en narcoactividad desnudó la fragilidad institucional.

El mecanismo rompió la prohibición de esos países de extraditar a nacionales, reconoció que su justicia y sistema penitenciario son flojos para juzgarlos y débiles para custodiarlos y evitar su fuga, atiborró las cárceles de EU con figuras casi legendarias y… nunca evitó que circule más cocaína, heroína y drogas sintéticas que antes de las extradiciones, adujeron.

Al iniciar el 7 de este mes un mandato de cuatro años, Petro ofreció la paz a narcos y criminales en ese país con 240 mil hectáreas de hoja de coca y principal productor mundial de cocaína. El mandatario lanzó un “perdón social” que, sin ser impunidad o encubrimiento, sería acogimiento, justicia reparativa y verdad histórica en una nación con casi 75 años de violencia política, estatal, paramilitar de derecha, guerrillera de izquierda y criminal.

Colombia empezó en 2016 la pacificación con la ahora disuelta guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Petro reanudó el diálogo de paz con la insurgencia comunista del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Petro ofrece una salida política y jurídica al problema de las drogas”, con un proyecto “global de pacificar al país” y un diálogo con “facciones criminales que han combatido al Estado colombiano”, dijo a este periódico el economista Edgar Gutiérrez, excanciller de Guatemala, consultor internacional y analista y estratega político y de asuntos de seguridad.

“Es un enfoque original que se aleja de la posición tradicional de Colombia de hacer la guerra a las drogas que es un rotundo fracaso: no altera el flujo de bienes ilícitos y provoca muerte, destrucción y violencia. Habría que esperar a la voluntad de los narcotraficantes de acogerse”, señaló.