El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió ayer una carta a los líderes de 29 entidades locales, entre las que se incluyen las ciudades de Los Ángeles y Washington, para exigirles que sus policías locales colaboren con las autoridades federales en la deportación de inmigrantes indocumentados.
El movimiento pretende ser un ultimátum para las “ciudades santuario”, aquellas que se niegan a destinar recursos para perseguir inmigrantes indocumentados.
En su carta, el Departamento de Justicia pide a las entidades que le informen si cumplen o no con una ley que obliga a las autoridades municipales a facilitar información al gobierno sobre el estatus migratorio de las personas que detienen o salen de la cárcel.
En las “ciudades santuario”, la policía local se niega a informar a las autoridades federales del estatus migratorio de las personas que detiene y tampoco les avisa cuándo van a poner en libertad a un inmigrante que ha cumplido cierto tiempo en prisión por haber cometido un delito. Esa decisión, según el Departamento de Justicia, permite escapar a inmigrantes que suponen un riesgo y que, al contar con antecedentes, deben ser deportados bajo la ley.
“Las jurisdicciones que adoptan las llamadas ‘políticas de santuario’ también adoptan la visión de que la protección de los delincuentes extranjeros es más importante que la protección de los ciudadanos que respetan la ley y el Estado de derecho”, consideró en un comunicado el fiscal general, Jeff Sessions.
Entre las ciudades que han recibido la advertencia del Departamento de Justicia están Seattle (estado de Washington), Los Ángeles y San Francisco, ambas en California, y la propia capital estadounidense, así como la localidad de West Palm Beach (Florida) y Newark (Nueva Jersey). Los estados de Illinois, Oregon y Vermont también recibieron la advertencia del Departamento de Justicia.
Frente al razonamiento del gobierno, los líderes de esas entidades “santuario”, la mayor parte demócratas, aseguran que las políticas que quiere implementar el Departamento de Justicia son las que ponen en peligro al país, pues debilitan la cooperación entre las policías locales y las minorías hispana y afroamericana.
En su primera semana en el poder, el 25 de enero, el presidente de EU, Donald Trump, promulgó una orden ejecutiva destinada a dejar sin fondos federales a las jurisdicciones “santuario”, pero en octubre un juez de Chicago dejó sin efecto esa orden al considerar que el presidente no puede decidir sobre presupuestos municipales.
Ayer, el juez federal de Distrito Michael Baylson bloqueó la decisión del gobierno federal de retener subsidios destinados a Filadelfia por considerarla “ciudad santuario. El juez explicó que la ciudad sufriría “daños irreparables” por la reducción de presupuesto. El gobierno afirma que las políticas santuario socavan la seguridad pública.
