San José. – Las 48 horas del martes 6 y del miércoles 7 de diciembre de 2022 estremecieron a las clases políticas de América Latina y el Caribe.
La abogada argentina Cristina Fernández viuda de Kirchner, presidenta de Argentina de 2007 a 2015, fue condenada el martes a seis años de cárcel por administración fraudulenta. El general en retiro guatemalteco Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala de 2012 a 2015, fue sentenciado el miércoles a 16 años de prisión por asociación ilícita y defraudación aduanera.
Y el 7, en una convulsa cadena de hechos, el maestro y sindicalista peruano Pedro Castillo fue destituido como presidente de Perú por presuntos actos de corrupción con dineros públicos.
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“La justicia está funcionando”, afirmó el politólogo, sociólogo y teólogo peruano José Luis Pérez, profesor de la (no estatal) Universidad del Pacífico, de Lima.
“La corrupción es lamentable no solo en Perú ni solo en el continente. Podríamos tener la lectura (…) de que en todos los países hay corrupción y en el único en el que meten presos a los ex presidentes es en Perú. Es una lectura válida”, dijo Pérez a EL UNIVERSAL.
“No es la corrupción privativa o exclusiva de Perú. Se da en muchos países, pero aquí (en Perú) la justicia está funcionando e inclusive hasta los ex presidentes van presos”, agregó, al aludir a que siete ex mandatarios peruanos que gobernaron desde 1990 —Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García (se suicidó en 2019), Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Castillo— quedaron acorralados por escándalos de corrupción.
En un dilema continental, el escenario oscila está entre… impunidad y castigo.
Durante o después de sus mandatos, por corrupción, represión, abuso de poder y otras presuntas acusaciones políticas, al menos medio centenar de expresidentes civiles y militares de América Latina y el Caribe de 1980 a 2022 debieron someterse— de forma obligada o voluntaria— a la justicia de sus países o son prófugos internacionales.
Del total, hay seis encarcelados: Pérez Molina (2012-2015), el salvadoreño Antonio Saca (2004-2009), el hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), los peruanos Alberto Fujimori (1990-2000) y Castillo (2021-2022) y la boliviana Jeanine Áñez (2019-2020); y uno, el guatemalteco Álvaro Colom (2008-2012), está en arresto domiciliario.
Áñez fue sentenciada en junio de 2022 a 10 años de prisión por actos anticonstitucionales e incumplimiento de deberes. Otros gobernantes estuvieron o están en proceso ante la justicia.
Los costarricense Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), el nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-2002), el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y el panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) recuperaron la libertad luego de permanecer presos en escándalos de presunta corrupción.
El brasileño Fernando Collor de Mello se convirtió en 1989 en el primer presidente de Brasil electo en las urnas luego de la dictadura militar, de 1964 a 1985. Tras asumir en 1990, debió renunciar en 1992 por un escándalo de sobornos y se transformó en el primer mandatario latinoamericano surgido del sufragio popular que se sometió a juicio por corrupción; fue absuelto en 1994.
Los salvadoreños Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) huyeron de la justicia de El Salvador al ser acusados de corrupción con centenares de millones de dólares y lograron que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, los acogiera y otorgara asilo y hasta la nacionalidad nicaragüense.
Otros dos, el hondureño Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) y el salvadoreño Francisco Flores (1999-2004), murieron en 2020 y 2016, respectivamente, estando bajo algún rango de arresto.
Un personaje peculiar fue el surinamés Dési Bouterse, condenado en 1999 en Países Bajos por narcotráfico , presidente de Surinam de 2010 a 2020 y jefe de gobierno de facto de 1980 a 1988. Bouterse vive en libertad en su país.
Los ejemplos abarcaron al peruano Toledo, presidente de 2001 a 2006 y todavía libre en Estados Unidos, pero sería extraditado a Perú por blanqueo de dinero. El ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) fue condenado en 2020 a ocho años de cárcel por cohecho, pero consiguió asilo en Bélgica, donde permanece en libertad.
En este contexto de impunidad y castigo, también imperó el viejo factor ideológico. Si la justicia de sus naciones procesa o condena los izquierdistas Castillo, Fernández, Lula, Correa, Funes y Sánchez Cerén, sus correligionarios de América Latina y el Caribe acusan que son víctimas de una mafia, de una venganza política y de una conjura fraguada por la derecha.
Pero si la justicia somete por corrupción a expresidentes derechistas, como Hernández, Saca, Calderón, Rodríguez, Alemán, Pérez Molina, Fujimori, Áñez o Martinelli, la izquierda proclama un triunfo del pueblo contra la impunidad.
“Salvo las dictaduras (izquierdistas) ya conocidas, la mayoría de los poderes judiciales de América Latina vienen desarrollando una labor de limpieza de la corrupción, sea esta de derecha o de izquierda”, adujo el diplomático y abogado costarricense Enrique Castillo, excanciller y exembajador de Costa Rica en Reino Unido, Francia y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Al advertir que los aparatos de justicia “deben cuidarse de no caer en atropellos ni en tolerar la impunidad”, Castillo declaró a este diario que “no es válido criticar decisiones judiciales desde atalayas ideológicas del extranjero, ni de derecha ni de izquierda”.
El Grupo de Puebla, creado en 2019 en México y formado por dirigentes izquierdistas de América Latina y el Caribe, aseguró sobre la condena a la ex presidenta argentina que “cuando se meten las manos en la justicia se destruye la democracia”.
Fernández sufrió “un juicio político orquestado por la derecha con operadores de la justicia y medios de comunicación para sacarla del debate democrático”, subrayó.
A consulta de este periódico, el abogado y diplomático boliviano Jaime Aparicio, exembajador de Bolivia en la OEA , señaló “un doble estándar en la izquierda”.
Si se sentencia a prisión a líderes populistas “manifiestamente corruptos”, la izquierda de la zona denuncia abusos de “jueces controlados por los grandes intereses” de la derecha y por EU, pero si se condena a la cárcel a políticos derechistas, alaba que existió “justicia independiente y decisiones soberanas”, alegó.