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El ex presidente del gobierno catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus ex consejeros se entregaron ayer a la policía federal en Bruselas, después de que España emitiera el viernes una orden europea de detención contra ellos; sin embargo, el juez belga los dejó en libertad condicional tras interrogarlos.
Los cinco ex miembros del “Govern” se entregaron a primera hora en presencia de sus abogados “y se les comunicó que eran privados de libertad y el contenido de la orden europea”, explicó un portavoz de la fiscalía belga. Tras ser interrogados durante unas cinco horas, el juez decidió dejarlos en libertad con la condición de permanecer en Bélgica hasta que se resuelva la orden de detención enviada por España, comunicar su domicilio y acudir al tribunal cada vez que se les requiera, según un comunicado de la Fiscalía.
“La petición realizada esta tarde por la oficina del fiscal de Bruselas para la libertad condicional de todas las personas requeridas ha sido otorgada por el juez de instrucción”, indicó la dependencia y añadió: “Esta decisión no puede ser apelada”.
Tras esta decisión corresponde a otra jurisdicción pronunciarse sobre la ejecución de la orden de arresto, en los próximos 15 días.
La libertad con medidas cautelares fue celebrada de inmediato por sectores independentistas como un contraste con lo ocurrido en España, donde la Audiencia Nacional envió a prisión preventiva sin fianza a otros ocho ex consejeros del “Govern”.
“El presidente Puigdemont y los consejeros, en libertad. Hay países como Bélgica donde la justicia es independiente”, comparó en Twitter Augusti Alcoberro, de la entidad civil independentista Asamblea Civil Catalana (ANC).
La entrega y puesta en libertad del ex líder independentista abre así una nueva etapa en la crisis que desencadenó su desafío soberanista y un proceso judicial que podría prolongarse entre 10 días, si los detenidos aceptan su extradición a España, y dos meses si la rechazan, como se espera que lo hagan.
Puigdemont y su gabinete son investigados por sedición, rebelión y malversación, vinculados al proceso independentista, luego de que el Parlamento catalán aprobó el 27 de octubre crear una República soberana. La rebelión se castiga en España con hasta 30 años de cárcel.
A diferencia de lo ocurrido en Bruselas, el ex vicejefe del Ejecutivo regional Oriol Junqueras y otros siete ex consejeros quedaron detenidos el jueves en Madrid. Un noveno ex consejero, Santi Vila, fue el único que quedó en libertad tras pagar una fianza.
También Puigdemont y otros cuatro consejeros que se trasladaron con él a Bélgica estaban citados a declarar en Madrid, pero eludieron la cita argumentando que afrontaban un “juicio político” dictado por el gobierno español de Mariano Rajoy.
La juez Carmen Lamela emitió la noche del viernes la euroorden de detención. Puigdemont adelantó el sábado que estaba dispuesto a colaborar con la justicia.
Se espera que alargue todo lo posible la entrega de Puigdemont a España. Cabe también la posibilidad de que la justicia belga se niegue a dar ese paso si considera en Madrid existe “un peligro real de recibir un tratamiento inhumano y humillante”.
El proceso al ex líder catalán y los ex consejeros promete marcar el camino hacia las elecciones autonómicas del 21 de diciembre convocadas por Rajoy. Puigdemont dejó abierta el viernes la posibilidad de presentarse como candidato y hacer campaña desde Bélgica. Su formación, el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), acordó ayer llevarlo como cabeza de una posible lista única de todos los independentistas.
“Queremos que el presidente Puigdemont siga siendo la persona que lidera una gran lista de país el próximo 21-D”, dijo la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, quien pidió que el PDeCAT acuda a los comicios en una lista común con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP).
Según dos sondeos publicados ayer, la izquierdista ERC ganaría las elecciones del 21 de diciembre, aunque perdería la mayoría absoluta que tiene ahora con el PDeCAT y la CUP.
