San José.— Evo Morales marcó en 2019 uno de los principales episodios de la política exterior de México en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La crisis política boliviana se recrudeció luego de que Morales anunció sorpresivamente el 10 de noviembre que dimitiría de la presidencia del país y el 12 de ese mes se acogió al asilo político que le dio México, tras más de tres semanas de conflictos por las denuncias opositoras de que hizo fraude para reelegirse para un cuarto periodo consecutivo en los comicios del pasado 20 de octubre.
Siendo todavía mandatario, Morales informó el 10 del mes pasado que convocaría a unas nuevas elecciones y después reveló que dimitió a su cargo, presionado por las cúpulas militares y policiales de Bolivia, y cercado por las protestas populares en su contra.
Morales, cuyo tercer mandato debería de concluir el próximo 22 de enero, aceptó repetir los comicios tras conocer una auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de que en la consulta del 20 de octubre hubo reiteradas irregularidades.
Al asilarse en México, Morales colocó a la política exterior mexicana ante un desafío. El gobierno federal dio por válido el alegato de Morales acerca de un golpe de Estado en su contra y le permitió desarrollar actividades políticas, pese a que López Obrador ratificó su apego a la Doctrina Estrada.
Convertida desde la década de 1930 en la pieza central de la política exterior mexicana, la doctrina promueve la no intervención en asuntos internos de otros Estados, la libre autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.
En una entrevista con EL UNIVERSAL, la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, aseguró que López Obrador apoyó a Morales “sin darse cuenta de que con ello desestabiliza enormemente el Estado de derecho y la democracia” en ese país sudamericano. Evo viajó el 6 de este mes de México a Cuba y el 12 a Argentina, donde se acogió a refugio y se despojó de la condición de asilado político en suelo mexicano.
Longaric argumentó que “la posición del presidente López Obrador no está guiada por principios de ética, sino más bien por afinidades políticas en detrimento del interés mayor de los pueblos”.
México se negó a reconocer a la proclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, quien asumió el 12 de noviembre para finalizar el mandato de Morales, en lo que agudizó las tensiones diplomáticas entre los dos países.