Washington.— El presidente Donald Trump tendrá que rendir cuentas por el asalto al Capitolio. Este miércoles, la Cámara de Representantes votará para llevar al Senado la acusación de “incitar a una insurrección”que presentó ayer e iniciar así un segundo juicio político contra el magnate.
Esta vez, el objetivo es diferente. El juicio político con fines de destitución, como se le llama, no busca destituir a Trump, pues éste ya no estará en el poder. Como muy pronto, el Senado empezaría a ver el tema el 19 de enero, cuando reanude sesiones, un día antes de la toma de posesión de Joe Biden. Más bien, la idea es buscar su posible inhabilitación para ejercer futuros cargos políticos.
“La amenaza del presidente a Estados Unidos es urgente, y nuestros actos también deben serlo”, dijo la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, en un comunicado al presentar el único cargo con el que buscan enjuiciar a Trump, por haber arengado a sus simpatizantes el 6 de enero a ir al Capitolio, llamado que derivó en una irrupción violenta que se saldó con cinco muertos y una veintena de detenidos y acusados.
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Los demócratas, que controlan la Cámara Baja, con 222 escaños en su poder, dicen tener los votos necesarios —requieren 218— para aprobar la acusación. Hecho esto, el Senado se verá obligado a iniciar un juicio político contra Trump, el primer presidente en enfrentar dos juicios en la historia de Estados Unidos —el proceso anterior inició a fines de 2019 y terminó con Trump librándolo, a principios de 2020, con el apoyo de los republicanos.
Esta vez los demócratas confían en jugar mejor. De entrada, en el Senado estarán en mejor posición, con 50 escaños contra 50 de los republicanos. En caso de empate, la encargada de definirlo todo será la vicepresidenta Kamala Harris. Pero para que Trump fuera declarado culpable, una mayoría de dos tercios debería condenarlo.
La única posibilidad de detener un juicio político quedó prácticamente eliminada ayer: Trump se reunió con el vicepresidente Mike Pence, a quien no hablaba desde que éste lo desafió, diciendo que no estaba en sus funciones revertir el resultado electoral, y confirmando, en esa sesión del 6 de enero, la victoria de Biden en las presidenciales.
En el encuentro de ayer, Trump y Pence se comprometieron a seguir trabajando por el país los ocho días de mandato que restan, descartando así la posibilidad de que el vicepresidente —como reclaman Pelosi, los demócratas y algunos republicanos— invoque la Enmienda 25 de la Constitución para declarar que el mandatario no está capacitado para ejercer el cargo y Pence lo ocupe hasta que asuma Biden.
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Hoy, la Cámara Baja hará un último intento, instándolo a que lo haga. La gran preocupación, manifestada por el propio Biden, es si un juicio político consumirá la atención del Senado y retrasará el avance de la agenda del demócrata, incluyendo la aprobación de sus nominados al gabinete. Por ello, se mantiene viva la posibilidad de dejar pasar 100 días antes de que la Cámara pase la acusación al Senado.