Madrid.— En marzo de 2021 España se sumó al reducido grupo de países europeos (Holanda, Bélgica y Luxemburgo) en los que está regulada la eutanasia .
Sin embargo, a pesar de que en el Viejo Continente existe cada vez una mayor conciencia social sobre la necesidad de regular la muerte asistida desde que Holanda lo hizo por primera vez en 2002, los avances se están registrando a cuentagotas.
La eutanasia sigue siendo un tema tabú para la mayoría de los países europeos que se resisten a legalizarla. En marzo de 2021, el Tribunal Constitucional de Portugal rechazó su despenalización aprobada por una amplia mayoría parlamentaria debido a algunas imprecisiones en su redacción, lo que obligó a la revisión de la ley que a finales de noviembre fue bloqueada de nuevo por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa , a fin de que los diputados aclaren conceptos y posibles contradicciones.
Pero otros muchos países ni siquiera se lo plantean. En Italia, Francia o Irlanda, la eutanasia está expresamente prohibida, al igual que el suicidio asistido que puede conllevar penas de cárcel para la persona que facilite el último trance.
Mientras el debate sobre la eutanasia está estancado en casi toda Europa occidental, en la parte oriental del Viejo Continente hay todavía más resistencias a incluir la muerte digna en las legislaciones respectivas debido, sobre todo, a las corrientes políticas mayoritarias, que son profundamente conservadoras, y a la existencia de un catolicismo muy tradicional.
Las leyes vigentes en los escasos países europeos donde está regulada contemplan de manera más o menos restrictiva la aplicación de la eutanasia que sólo procede en caso de enfermedades graves e incurables, o padecimientos crónicos e invalidantes que provoquen un sufrimiento intolerable . El cáncer y las enfermedades degenerativas son las principales dolencias de los solicitantes de eutanasia que tienen que reiterar por escrito su voluntad de morir, además de obtener el visto bueno de un equipo de especialistas.
Los requisitos que se exigen en los diferentes países varían poco, aunque hay matices importantes. Bélgica se convirtió en 2014 en el primero del mundo en autorizar la eutanasia para menores sin límite de edad, siempre que el niño esté gravemente enfermo, padezca grandes dolores físicos y se complique el tratamiento paliativo; además del consentimiento propio y el de los padres, el paciente deberá contar con el aval de un equipo médico. En Holanda, las condiciones para que los menores puedan acceder a la eutanasia son similares, pero estos deben tener más de 12 años.
Un caso aparte en Europa es el de Suiza que, si bien no contempla la eutanasia, sí tolera la ayuda al suicidio mientras no existan motivos egoístas. El suicidio asistido se lleva a cabo a través de asociaciones pro derecho a morir; algunas de ellas también atienden a la ciudadanía de otros países.
En España, el derecho a la muerte asistida, impulsado por el gobierno de coalición de izquierdas presidido por el socialista Pedro Sánchez , fue respaldado el pasado mes de marzo por una amplia mayoría en el Parlamento. Solamente los partidos de derecha y ultraderecha se opusieron a ello por considerar que es una forma de homicidio, a pesar de que la eutanasia era una de las demandas populares que contaba con más apoyo: entre 70% y 85% de los españoles estaba a favor de su legalización.
La ley de eutanasia ofrece una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una petición sostenida de la sociedad actual, manifestó el gobierno socialista tras la aprobación de la normativa.
Sin embargo, los obstáculos para acceder a la eutanasia que proporciona el sistema español de salud pública no terminan con su regulación. La experiencia demuestra que, a los engorrosos trámites burocráticos que pueden llevar semanas de papeleo, hay que añadir el rechazo de algunos médicos a practicar la eutanasia por razones de conciencia, un supuesto que contempla la ley.
Además, gobiernos regionales conservadores están poniendo trabas a su aplicación, como exigir la renovación del testamento vital del candidato cuando no es obligatorio.
Estas resistencias políticas y profesionales llevan a suponer que la aceptación plena de la muerte asistida por parte de los grupos más reticentes del país ibérico exigirá un largo proceso de adaptación , con un resultado que se antoja incierto ante el inmovilismo que muestran ciertos sectores que, aun siendo minoritarios, resultan determinantes para que no se retarde la aplicación de la eutanasia más allá de los términos establecidos.
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