San José. – Estados Unidos aumentará su presencia militar en América Latina y el Caribe tras recibir autorización de Ecuador para desplegar pertrechos bélicos, tropas, aeronaves, buques, equipos de inteligencia y contratistas en los espacios marítimos, aéreos y terrestres ecuatorianos para combatir al crimen organizado transnacional que domina a las redes criollas: los cárteles del narcotráfico de México y Colombia y las mafias de Brasil, Italia y Albania.
Sin definir límites ni máximos a las cifras de efectivos estadounidenses, la Corte Constitucional de Ecuador informó anteayer que concedió permiso al presidente ecuatoriano, el derechista Daniel Noboa, para que ejecute—sin esperar aval de la Asamblea Nacional de esa nación—los pactos que Quito y Washington firmaron en 2023 para que EU envíe fuerzas castrenses a enfrentar a la delincuencia organizada, interna y externa.
La Corte autorizó la entrada en vigencia del “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo al Estatuto de las Fuerzas” y del “Acuerdo entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas”.
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Ambos fijaron las condiciones a las que estarán supeditadas tropas y restante personal de EU en Ecuador.
El primero estableció que “las aeronaves, los buques y los vehículos operados por el Departamento de Defensa (de EU – Pentágono) o que en ese momento estén operados exclusivamente para dicho departamento, podrán entrar, salir y desplazarse libremente” en Ecuador.
“Las operaciones encaminadas a eliminar las actividades marítimas transnacionales ilícitas se efectuarán solamente contra buques sospechosos”, incluidos los “sin nacionalidad”, agregó el convenio, del que EL UNIVERSAL tiene copia.
Al vincular “todo uso de la fuerza” a las leyes, advirtió que “ninguna de las partes usará la fuerza contra aeronaves civiles en servicio” y defendió el “ejercicio del derecho intrínseco” a la defensa propia.
El gobierno ecuatoriano aclaró anteayer que ambas naciones definirán la fecha del inicio del despliegue militar de EU. Noboa decretó el 8 de este mes el estado de emergencia o excepción y el 9 el de conflicto armado interno con un masivo despliegue militar y policial.
La medida constitucional coincidió con la estancia en Quito de una comitiva de EU que se reunió el lunes pasado con Noboa y las cúpulas castrenses y policiales ecuatorianas para evaluar las respuestas a la más grave crisis de criminalidad, con muerte, inseguridad y violencia, en la historia de Ecuador.
La delegación, que concluyó ayer una visita a Ecuador que inició el lunes anterior, anunció que Washington entregará a Quito más de 20 mil chalecos antibalas y más de un millón de dólares “en equipos críticos de seguridad y repuesta a emergencias”, como ambulancias y vehículos de apoyo logístico para defensa.
En una ceremonia de donación a las Fuerzas Armadas de Ecuador que se realizó este jueves en el Fuerte Militar Huancavilca, en Guayaquil (suroccidente o surcentro), los emisarios de EU donaron seis camiones, motores de embarcaciones para operativos de seguridad, equipos tecnológicos y capacitación por un monto de dos millones 400 mil dólares. No se precisó si esa cantidad correspondió al monto inicial difundido esta semana o quedó como complementaria.
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En 23 años de penetración del narcotráfico de 2000 a 2022, la transferencia de armas de EU a Ecuador sumó 13 millones de dólares, precisó el (no estatal) Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI por sus siglas en inglés).
De 1950 a 1999, cuando Ecuador fue mayoritariamente regido por gobiernos anticomunistas militares y civiles de facto avalados por EU, llegó a 730 millones de dólares, según SIPRI. Ecuador retornó en 1979 a la democracia.
De EU y otros proveedores, las transferencias llegaron a 4 mil 305 millones de dólares de 1950 a 2022, con un gasto militar en Ecuador de más de 49 mil millones de dólares de 2000 a 2022, señaló SIPRI.
La comitiva mostró el “apoyo” de Washington a Ecuador “tras el aumento de la violencia”, informó esta semana el gobierno de EU.
En “los próximos días”, el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) “incrementará su personal” en suelo ecuatoriano para “apoyar a la Policía Nacional de Ecuador y a la Fiscalía General”, indicó.
EU capacitará a policías y fiscales y adiestrará en análisis forense digital y en otros procesos “críticos para actuar contra miembros de pandillas, redes de narcotráfico y funcionarios corruptos”, agregó.
Ante la inquietud por la infiltración criminal en municipios del interior de Ecuador, EU reforzará los “programas municipales de seguridad”, reportó.
Con efectivos, aeronaves, barcos, guardacostas y otros mecanismos, la presencia militar de EU en la zona se prolongó, entre otros países, a Colombia, Honduras, Guatemala, Guyana, Costa Rica y Panamá.
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El conflicto ecuatoriano, que estalló de manera escalonada hace unos 20 años, se agravó en 2024 en un incendio atizado por la infiltración incesante de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el colombiano del Clan de Golfo y las mafiasb, de Italia, Primer Comando de la Capital, de Brasil, y organizaciones criminales de Albania y de otros sitios de la península de los Balcanes, en el sur de Europa.
Esas y otras agrupaciones se expandieron a una zona con la peculiaridad de que Colombia, con el 80%, es el principal productor mundial de cocaína, seguida por Perú, con 15%, y Bolivia, con 5%.
Ecuador limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico, que en este siglo se convirtió en corredor marítimo del narcotráfico y enlaza a puertos colombianos, ecuatorianos y peruanos para enviar drogas del sur al norte de América y a Europa, Asia, África y Oceanía. Sinaloa y CJNG afianzaron sus cadenas de tráfico desde Ecuador.