Washington.— El plan de “tolerancia cero” hacia los inmigrantes indocumentados que traten de cruzar hacia Estados Unidos conllevará con total seguridad a un aumento de las separaciones familiares. En un discurso de presentación de una política de nuevo endurecimiento antiinmigrante de la administración Trump —anunciada hace un mes, pero que se empezará a aplicar desde ahora— el fiscal general, Jeff Sessions, advirtió que “no va a tolerar” que EU “sea invadido”, y prometió parar la “estampida y anarquía” en las llegadas de inmigrantes.
“Si cruzas la frontera ilegalmente te procesaremos. Es así de simple”, anunció Sessions, en una política en la que aunarán esfuerzos el Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional de EU.
Sessions estuvo en la frontera con México en San Diego, California, junto al titular del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Thomas Homan.
En los últimos meses, casi una de cada cuatro detenciones en la frontera era de unidades familiares. Con la nueva política de endurecimiento, el enjuiciamiento de los adultos y su entrada en el proceso judicial obligará a la separación de sus hijos, al menos mientras enfrentan sus acusaciones e incluso esperan dentro de la cárcel su sentencia. “No queremos separar familias, pero tampoco queremos familias que vengan a la frontera ilegalmente e intenten entrar a nuestro país”, detalló el fiscal general estadounidense; sin embargo, no tuvo reparo en culpar a los padres que intenten cruzar la frontera con sus hijos de que los agentes policiales tengan que separarles de ellos.
“Si no te gusta eso [que separen familias], entonces no pases niños de contrabando por nuestra frontera”, dijo Sessions.
Se trata de una nueva vuelta de tuerca de la criminalización de la migración, en este caso contra los padres que intentan cruzar la frontera con sus hijos, que debe servir además como elemento disuasorio en un momento en el que los cruces en la frontera entre México y Estados Unidos, después de que pasara el “efecto Trump”, están volviendo a sus números habituales.
Las organizaciones de derechos humanos y proinmigrantes no tardaron en criticar al gobierno de Trump por unas acciones que consideran crueles, especialmente para las familias que llegan a EU buscando asilo. Para Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en EU, “la idea de que los niños puedan ser protegidos separándoles de sus familias desafía toda lógica y humanidad”. Calificó la política de “monstruosa”, y exigió que sea anulada de “inmediato”.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), por su parte, interpuso una demanda.
La medida también fue criticada por congresistas demócratas. “Criminalizar a padres que buscan protección para ellos y sus hijos es inhumano, excesivamente castigador, y puede interferir deliberadamente con su habilidad para buscar asilo”, se quejó Bennie Thompson, legislador por Misisipí.
La administración Trump anunció la semana pasada un incremento substancial de jueces y funcionarios de migración (35 jueces y 18 fiscales con dedicación a tiempo completo al tema migratorio) para acelerar los procesos de revisión de casos de indocumentados, y así proceder a una condena y expulsión más rápida.
El número de inmigrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México subió 223% en abril pasado con respecto al mismo mes del año anterior, al registrarse la detención de 50 mil 924.
En lo que va de año fiscal (del 1 octubre de 2017 al 30 de abril de 2018), más de 26 mil menores han sido detenidos en la frontera sur, de los que casi la mitad procede de Guatemala (12 mil 459), seguidos por los originarios de México (6 mil 151), Honduras (4 mil 624) y El Salvador (2 mil 90). Para reforzar el sistema migratorio, destacó el envío de 35 fiscales y 18 jueces a la región fronteriza.