Estados Unidos tiene cada vez mayor preocupación por la muerte de decenas de miles de civiles palestinos en la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, según consta en el informe anual sobre la vulneración de derechos humanos en el mundo publicado este lunes por el Departamento de Estado.
El documento, relativo a 2023, también señala "crímenes de lesa humanidad" cometidos por el Ejército ruso en su segundo año de invasión a Ucrania, critica la ley anti-LGTBI de Uganda y señala la existencia de "presos políticos" en Cuba y en Nicaragua.
Este exhaustivo informe elaborado desde 1977 por el Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada país.
El reporte recoge "el brutal ataque terrorista" del grupo islamista palestino Hamás perpetrado el 7 de octubre pasado contra Israel, en el que murieron 1.200 personas y otras 230 fueron secuestradas.
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También considera que Israel está "ejerciendo su derecho a la autodefensa" en su ofensiva sobre Gaza, pero subraya que el Gobierno de Benjamín Netanyahu "debe conducir sus operaciones militares de conformidad con el derecho internacional y tomar todas las precauciones posibles para proteger a los civiles".
"Seguimos planteando nuestra creciente preocupación por las muertes y lesiones de decenas de miles de civiles palestinos en Gaza, incluidos mujeres, niños y personas con discapacidad", relata el informe, si bien no menciona explícitamente que el Ejército israelí haya cometido violaciones de derechos humanos.
Estados Unidos además acusa a Hamás de usar a personas como "escudos humanos" y condena los ataques de colonos israelíes radicales contra palestinos en la Cisjordania ocupada.
La Administración de Joe Biden arremete un año más contra Rusia por su "desprecio a los derechos humanos" en la guerra de Ucrania, donde ha documentado algunas violaciones "equivalentes a crímenes de lesa humanidad".
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El informe denuncia que decenas de miles de niños ucranianos han sido deportados a Rusia, en muchos casos separados de sus familias y obligados a adoptar nombres y ciudadanía rusa.
Asimismo, dentro de Rusia las autoridades presentan "acusaciones penales espurias" contra cientos de rusos que se oponen a la guerra de Ucrania.
El Departamento de Estado incluyó a Sudán dentro de los países que generan más preocupación, por el conflicto entre el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que ha derivado en "asesinatos en masa".
Washington determinó en diciembre pasado que ambas partes habían cometido crímenes de guerra y que los paramilitares son responsables de crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica.
El informe critica a las autoridades ugandesas por promulgar una "ley draconiana" en contra de la población LGBTI que incluye penas de muerte en los casos más extremos.
China vuelve a ser nombrada por los "graves abusos contra los derechos humanos", entre los que se destaca el "genocidio" en la provincia de Xinjiang contra la minoría uigur.
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También señala las "desproporcionadas violaciones de derechos humanos" que sufren las mujeres en Irán, así como la persecución por parte de Teherán de disidentes en el extranjero.
El informe documenta que los talibanes han promovido en Afganistán más de 50 decretos que "eliminan a las mujeres de la vida pública" y que la junta militar que controla Birmania (Myanmar) ha matado a más de 4.000 personas.
En cuanto a Latinoamérica, Estados Unidos afirma que más de 1.000 presos políticos están detenidos de forma arbitraria y sometidos a malos tratos en Cuba, mientras que sus familiares son blanco de amenazas.
Se documenta también que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, cerró durante el año pasado más de 300 organizaciones de la sociedad civil, despojó a 300 personas de su ciudadanía y mantiene en la cárcel a más de 100 presos políticos "en condiciones atroces".
El prefacio del informe felicita a México por los avances en la implementación de su reforma laboral que, según Washington, está permitiendo que los trabajadores superen "obstáculos" para mejorar sus condiciones.
Entre otras aspectos alentadoress, destaca la mejora de la libertad de expresión en Kenia, la defensa del colectivo LGTBI en Japón, Estonia y Eslovenia, y las políticas de inclusión educativa para los niños con discapacidad en Jordania.
kicp