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Washington.— El limbo en el que viven más de 600 mil jóvenes indocumentados en Estados Unidos empieza esta semana a definirse y a ser crucial. Hoy el Tribunal Supremo escuchará argumentos sobre la legalidad o no de la decisión del presidente Donald Trump de fulminar el programa DACA, y entonces tendrá hasta junio de 2020 para deliberar y decidir el futuro de los dreamers.
No está en cuestión si DACA, el programa que Barack Obama decretó en 2012 para dar estatus legal y protección a la deportación contra los soñadores es constitucional.
Tampoco es sobre si el gobierno puede en algún momento determinar el fin del programa o cualquier otro parecido que afecte al sector.
Lo que debe decidir el tribunal es si la decisión unilateral de Trump de acabar con DACA, que anunció súbitamente en septiembre de 2017, fue “caprichosa y arbitraria”, tal y como apuntan los demandantes.
Este martes los nueve jueces del Supremo, cinco de tendencia conservadora y cuatro progresista, escucharán argumentos de tres casos diferentes sobre el mismo tema, en una sesión que se ha expandido de los 60 minutos habituales hasta los 80 minutos por su magnitud.
Se espera que centenares de personas se concentren en las escaleras del Supremo para dar apoyo a los dreamers: congresistas, senadores, activistas, organizaciones y las decenas de marchadores que caminaron durante 17 días desde Nueva York hasta Washington para gritar que Estados Unidos son su hogar.
A los jóvenes los favorece la opinión pública: la última encuesta de Gallup apunta que 83% de los estadounidenses apoyan a los dreamers. Más de 140 empresas, entre ellas Amazon, Facebook y Google, presentaron ante la corte un amicus curiae en defensa del DACA. El gobierno de México considera que el caso es de “interés vital” para el país, y por eso también presentó ante el Supremo su apoyo a los soñadores.
