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Washington.- El gobierno de Joe Biden empieza a dar forma a su promesa de reformular la política migratoria heredada de la administración anterior y deshacer algunas de sus acciones más polémicas, y una de las primeras será tratar de arreglar una de las medidas que más daño causó a los migrantes. La Casa Blanca anunció este viernes que en poco más de una semana empezará a permitir el acceso a Estados Unidos de aquellos solicitantes de asilo varados en la frontera con México, obligados a esperar allí a la espera de respuesta de sus procesos judiciales en territorio estadounidense.
Se trata del primer asalto para fulminar los Protocolos de Protección Migratoria (MPP), conocidos como Quédate en México, del que han sido víctimas miles de migrantes desde que empezó en enero de 2019 y que “han estado en México por demasiado tiempo”, en palabras de funcionarios de la administración Biden.
Desde su implementación, miles de personas han sido víctimas, no sólo sufriendo las puertas cerradas de la frontera sino todos los peligros de la tierra de nadie en la que eran abandonados. Varios grupos pro derechos humanos han recontado que ha habido al menos mil 300 secuestros, violaciones y asaltos a migrantes que esperaban su turno del lado mexicano, víctimas de extorsiones y la violencia, en muchos casos desamparados en zonas controladas por cárteles y mafias de trata de personas.
A principios de febrero, en el día que la nueva administración dedicó a presentar las primeras grandes decisiones en materia migratoria, Biden ya emitió una orden ejecutiva en la que dio muestras de su voluntad de “finalizar o modificar” el MPP, como parte del cambio de retórica y el cumplimiento de promesas en este ámbito.
“Estamos comprometidos a reconstruir el sistema migratorio de una manera segura, ordenada y humana”, dijo en un comunicado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. “Esta última acción es otro paso en nuestro compromiso para reformar las políticas migratorias que no se alinean con nuestros valores”, añadió.
A partir del 19 de febrero empezará a aplicarse la fase uno del plan de Biden para “restaurar el proceso seguro y ordenado en la frontera suroeste”, y lo hará con el inicio del “proceso de la gente que fue forzada a permanecer en México bajo el MPP”.
Según un alto funcionario de la Casa Blanca, que prefirió mantenerse en el anonimato, para el desarrollo y aplicación de la iniciativa fue clave la cooperación “muy cercana” con el gobierno mexicano y las diversas organizaciones internacionales que trabajan en la frontera con los migrantes. Una estrategia que se empezó a diseñar desde antes de la investidura, y que llegará justo un mes después de que Biden tomara posesión del cargo de presidente de la Unión Americana.
En una llamada con periodistas, funcionarios estadounidenses detallaron que en esta fase se empezará a trabajar con la reaceptación de aquellos con casos “activos” bajo el MPP, que se estima que son unos 25 mil. Los que califiquen no tendrán que ir inmediatamente a la frontera: deberán registrarse y esperar instrucciones para iniciar el trámite, dijeron los funcionarios.
Este proceso estará asistido por el gobierno de Estados Unidos pero será tramitado por las organizaciones internacionales que trabajan sobre el terreno, informaron, debido a que tienen conocimiento de la situación real y de qué población es la más vulnerable. La decisión de empezar por aquellos con casos “activos” se tomó porque son los más fáciles de identificar, según dijeron funcionarios estadounidenses.
Antes de entrar a Estados Unidos, los migrantes serán sometidos a una prueba de Covid en territorio mexicano, y sólo si son negativos serán transportados al otro lado de la frontera y llevados al destino requerido para seguir con su trámite de solicitud de asilo.
El 19 de febrero es la fecha elegida para iniciar la tramitación, que empezará en tres puertos de entrada. La Casa Blanca no quiso detallar cuáles para evitar que los migrantes se movilicen hacia allí, pero un reporte de prensa del The Monitor de McAllen apuntó que se tratan de los situados en Brownsville, El Paso (ambos en Texas) y San Ysidro (California).
El objetivo es que se puedan tramitar hasta 300 solicitudes diarias, y que se pueda expandir a otros puntos de entrada a medida que se establezca un protocolo y el programa funcione.
“[Los migrantes] No deben hacer nada, deben permanecer donde están y esperar instrucciones”, insistieron desde la Casa Blanca, temiendo que la desinformación pueda generar un caos en los puertos de entrada. Aseguraron que harán una gran campaña de medios de comunicación, apoyados por las organizaciones internacionales de la frontera, para que la información que llegue a los migrantes sea la correcta y no provoque malentendidos sobre aquellos que podrán acogerse a la primera fase y los que no.
Para aquellos que no entren dentro del primer grupo de afectados por la medida, aseguraron que tendrán “otras oportunidades” para poder resolver su situación.
El mensaje de la administración Biden, sin embargo, sigue siendo de paciencia. La medida tomada en relación al MPP “no debe ser interpretada como una apertura para que la gente migre de forma irregular a los Estados Unidos”, advirtió el gobierno de EU.
“Especialmente en la frontera, donde las limitaciones de capacidad siguen siendo graves, los cambios llevarán tiempo. Las personas que no son elegibles en esta fase inicial deben esperar más instrucciones y no viajar a la frontera. Debido a la pandemia actual, las restricciones en la frontera siguen vigentes y se harán cumplir”, dijo Mayorkas en el comunicado.
Eso implica que, por ejemplo, el gobierno estadounidense siga expulsando de forma expedita a aquellos inmigrantes indocumentados arrestados al cruzar la frontera, con la justificación de la situación pandémica. La portavoz presidencial, Jen Psaki, insistió una vez más que los cambios “tomarán tiempo”, el suficiente para revisar “todos los pasos perjudiciales que fueron implementados por la administración anterior para que podamos implementar un sistema más humano”.
