Miami.— La demanda presentada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contra 11 empresas fabricantes de armas en Estados Unidos ha desatado reacciones encontradas en este país, entre quienes acusan que las empresas estadounidenses no son responsables de la violencia en México, y quienes señalan que elementos como las armas con diseños que atraen específicamente a narcos mexicanos hacen que sí exista cierta responsabilidad de parte de las armerías norteamericanas con lo que sucede al sur de la frontera.
“En lugar de buscar un chivo expiatorio en las empresas estadounidenses que respetan la ley, de EU, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles —que operan en territorio mexicano— ante la justicia”, dijo a EL UNIVERSAL la National Shooting Sport Foundation (NSSF), que representa a la asociación comercial de la industria de armas de fuego del país vecino, al pedirle su postura ante la demanda ejercida por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contra 11 empresas fabricantes de armas.
El 4 de agosto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por su canciller Marcelo Ebrard, presentó una demanda civil ante una corte del Distrito de Boston, Massachusetts.
La demanda, considerada como un acto sin precedentes, acusa a los fabricantes de comercializar irresponsablemente y de manera negligente, armas de alto poder que terminan cruzando la frontera sur estadounidense para llegar a manos de los diversos grupos del crimen organizado en México, provocando muertes humanas, destrucción y pérdidas materiales.
“Los fabricantes de armas en EU no son responsables de ningún tipo de violencia transfronteriza o más allá de la frontera sur. El tráfico de armas existente hacia México es responsabilidad única y exclusiva de las autoridades federales de ambos países, México y Estados Unidos”, señala a este diario Jaime Ortiz Aub, abogado internacionalista y experto en seguridad binacional.
“En Estados Unidos hay dos grandes retos para que el tráfico de armas disminuya drásticamente: el primero, muy conocido, es que la Asociación Nacional del Rifle es la más poderosa del país en cuanto al cabildeo político y eso impide que la administración federal pueda lograr un control más estricto en lo que se refiere a la venta de armas.
El problema en las aduanas
A estos dos factores hay que sumar un tercero que involucra la gestión aduanera mexicana. Si bien está demostrado a nivel mundial que los procesos aduaneros para detectar y detener el tráfico de contrabando de cualquier tipo que quiera mencionarse, son superados humana y tecnológicamente debido a la gigantesca ola de productos que entran y salen de las fronteras comerciales del mundo, algunos países por lo menos consiguen rastrear a través de metodologías muy modernas algunas pruebas o sospechas de algún tipo de contrabando de los que diariamente se llevan a cabo en el planeta.
“En México no se cuenta con la capacidad técnica ni humana, ni los recursos materiales, para disminuir el tráfico de armas que es lo que nos compete ahorita; pero para disminuir, nada. EU, a través de la iniciativa Mérida, ha proporcionado equipos a México para la revisión aduanera y hay muchos de esos equipos que, o están mal conectados o quienes los manejan no tienen la capacitación adecuada o quienes tuvieron la capacitación adecuada, los han cambiado de adscripción o los han corrido o son corruptos”, subraya Ortiz Aub, quien trabajó representando en EU al gobierno federal de México durante dos décadas. “El tema de la corrupción en materia de aduanas en México es gigantesca. Aun y cuando han puesto a las fuerzas armadas mexicanas a manejarlas recientemente”.
De acuerdo con informes de inteligencia tanto de México como de EU, un gran porcentaje del tráfico de armas que cruza la frontera sur de la Unión Americana se da en partes. “Ese tráfico hormiga multiplica en mucho la cantidad de armas entrando a México desde Estados Unidos, y me refiero a armas largas de alto poder”, asegura este experto en seguridad binacional.
Ortiz Aub menciona otro elemento: en distintas partes de EU se ha venido creando en las últimas décadas lo que en mercadotecnia se llama una segmentación de mercado. “En este sentido sí pudiera dárseles a los fabricantes y vendedores de armas de Estados Unidos una cierta responsabilidad porque están fabricando armas con elementos dirigidos a grupos violentos que pueden sentirse atraídos por tener armas con una imagen de Emiliano Zapata o Pancho Villa”, “elementos que no interesan al estadounidense”, puntualiza.
La NSSF insiste en que “esta demanda presentada por un grupo estadounidense de control de armas que representa a México, es una afrenta a la soberanía de EU, una amenaza a los derechos de la segunda enmienda de la Constitución de los estadounidenses, quienes son respetuosos de la ley a poseer y portar armas. Un derecho negado al pueblo mexicano que no puede defenderse de los cárteles”.
Ortiz Aub coincide en que “la violencia que se vive en México y se ha vivido es, en mucho, debido a la corrupción endémica que ha existido y que existe; y en medio de esta violencia se facilita en mucho el ingreso de armas al territorio mexicano.
Y añade: “En Estados Unidos hay más armas por persona que las que hay en México, y el país del norte no tiene el nivel de violencia que tiene México, y por las calles de Estados Unidos hay muchas más drogas fluyendo por todas las calles, de todas las ciudades, y el nivel de violencia no es igual. Eso nos dice que la violencia en México es por corrupción, impunidad total y complicidad. Estas condiciones facilitan de manera rampante el tráfico de armas desde EU hacia los grupos más violentos de México”.
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