Washington.— Miles de personas salieron ayer a las calles en varias ciudades de Estados Unidos para protestar contra el creciente número de niños y padres indocumentados que son separados en la frontera con México tras la entrada en vigor de la política de Tolerancia Cero contra el cruce ilegal.

La protesta coincidió con la “solicitud de emergencia” que activistas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que obligue a EU a frenar la separación familiar.

El fiscal general del país, Jeff Sessions, “ha creado una política para separar a nuestros hijos de sus padres, algo inmoral, criminal y que nosotros no vamos a aceptar”, exclamó el director de la organización Casa Maryland, Gustavo Torres, frente a las 300 personas congregadas enfrente al Departamento de Justicia en Washington.

La fiscalía anunció el pasado 6 de mayo que presentará cargos penales contra todos los extranjeros que sean sorprendidos cruzando la frontera irregularmente, un esfuerzo que pretende frenar la inmigración clandestina. Esta medida, conocida como “tolerancia cero”, envía a los padres a custodia penal y a los niños a refugios financiados con fondos federales supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Para Jessica Morales, de la organización We Belong Together, que aboga por los derechos de las familias inmigrantes, la administración del presidente Donald Trump debe terminar con esta política “inmediatamente”. Hasta ahora, los únicos datos hechos públicos muestran que entre el 6 y el 19 de mayo un total de “658 niños y 638 adultos” fueron separados en la frontera sur del país, tal como explicó la semana pasada el subdirector del programa de operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Richard Hudson.

A pesar de que la manifestación en Washington fue la central, a lo largo del día se vivieron numerosas protestas en una treintena de ciudades del país, incluyendo Los Ángeles, Nueva York y Chicago, y una a nivel internacional, en Barcelona (España), según los organizadores.

Sadhana, una niña de 13 años que participó en las protestas n la capital, consideró que no es capaz de imaginarse “vivir constantemente con el miedo” de ser separada de sus padres.

Demócratas del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara Baja enviaron ayer una carta a Sessions y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, exigiendo explicaciones sobre la política de tolerancia cero y su impacto y se declararon “extremadamente alarmados de que la administración implemente una política que prioriza la persecución criminal de quienes buscan protección, en vez de la evaluación de sus reclamos de asilo”; también pidieron conocer los planes del gobierno para “garantizar que los niños separados se reúnan con sus familias”.

Por su parte, activistas del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, la Comisión de Mujeres Refugiadas, la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas y el bufete García & García Abogados presentaron su “solicitud de emergencia” ante la CIDH explicando el calvario por el que pasan los padres que desconocen el paradero de sus hijos.

Los grupos representan a cinco padres y sus hijos que fueron separados por funcionarios de La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EU, en el sur de Texas. Explicaron que la CIDH, acorde con sus reglas, puede adoptar medidas que obliguen a los Estados miembros a tomar acciones en casos de violaciones graves, que representen un riesgo para los derechos humanos.

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