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Washington.— La justicia estadounidense volvió a dar un revés monumental a una de las medidas antiinmigrantes del presidente Donald Trump, al congelar su política de devolver solicitantes de asilo centroamericanos a México mientras esperaban las fechas para resolver sus casos migratorios en Estados Unidos.
El juez federal Richard Seeborg, del Distrito Norte de California en San Francisco, instruyó que a partir del viernes el gobierno de EU cese en su totalidad su política de devoluciones, que México aceptaba por “razones humanitarias”. El Protocolo de Protección a los Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), también conocido como “Quédate en México”, proponía “retornar [a los solicitantes de asilo no mexicanos] a México por la duración de sus procesos de inmigración”, en lugar de dejarlos en EU.
Según datos de la embajada de México en Washington, facilitadas a EL UNIVERSAL, al 20 de marzo el gobierno de EU había regresado a México 309 solicitantes de asilo.
El caso llegó a la justicia por la denuncia de 11 inmigrantes centroamericanos que demandaron al gobierno de EU, tras ser devueltos a México para esperar la resolución de sus casos en unas cortes de inmigración estadounidenses que, por otra parte, están sobresaturadas.
El juez no vio razones para que el gobierno de EU aplique la expulsión de inmigrantes basándose en la ley de repatriación de ciudadanos de países contiguos, como pasa con los ciudadanos mexicanos aprehendidos que son deportados casi de forma inmediata. Los solicitantes de asilo son en su mayoría centroamericanos. Además, Seeborg apuntó que la devolución a México “incluye la posibilidad de una herida irreparable... Los demandantes presentan evidencias incontestables de que huyeron de sus casas en El Salvador, Guatemala y Honduras para escapar de extrema violencia, incluyendo violaciones y amenazas de muerte”.
Añadió que “los demandantes sostienen que han continuado experimentando asaltos físicos y verbales, y viven con miedo a futura violencia, en México”, por lo que el gobierno estaría violando la ley al no evaluar adecuadamente los peligros que afrontan estas personas en México.
La semana pasada, la administración Trump, en boca de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, amplió la aplicación de esta política a diversos sectores de la frontera, tras haber iniciado su implementación en la zona de El Paso, Texas, y Calexico, California.
Su aplicación tenía que servir como uno de los elementos de disuasión de la migración más importantes de la administración Trump, quien insiste en que EU “está lleno” y no puede aceptar a solicitantes de asilo.
El bloqueo de la medida no se aplicará hasta el próximo viernes para que el gobierno, en caso de que lo considere oportuno, pueda presentar una apelación.
Según CNN, Trump quería aplicar un cierre de frontera con México en el sector de El Paso, Texas, el pasado 22 de marzo y el desacuerdo de Nielsen habría sido uno de los factores que derivó en la renuncia, el domingo, de la funcionaria. Otra de las razones, de acuerdo con medios como NBC, fue que Trump estaría pensando en retomar la política de separación familiar de migrantes en la frontera, medida que provocó un caos cuando se aplicó hace casi un año y que todavía no se ha resuelto totalmente.
En aras de endurecer más su postura antiinmigrante, Trump empezó una purga en el Departamento de Seguridad Nacional. Primero fue Nielsen: ayer reemplazó al director del Servicio Secreto —cuerpo encargado de la seguridad presidencial, entre otros—, Randolph Tex Alles. Su puesto será ocupado desde mayo por James M. Murray, miembro de carrera del Servicio Secreto.