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Washington.— El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ampliará significativamente su capacidad para aplicar deportaciones expeditas de migrantes que han permanecido de forma ilegal en el país menos de dos años, según documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) difundidos ayer.
El documento, reseñado por medios locales y cuya publicación está prevista para hoy en el Registro Federal, da cuenta de las nuevas directrices para las deportaciones aceleradas, rubricadas por el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan.
La medida apunta a los extranjeros que están en Estados Unidos “sin haber sido admitidos o en libertad condicional, luego de la inspección de un agente de migración en un puerto de entrada” (proceso que se aplica para los solicitantes de asilo) y a quienes no llegaron por mar, los cuales no han estado físicamente en los dos años previos a que se determine su inadmisibilidad.
Además, afectará a quienes han estado en el país continuamente durante al menos 14 días, pero menos de dos años. Hasta ahora se aplicaba la deportación rápida sólo a los migrantes sin documentos atrapados a menos de 160 kilómetros de la frontera que llevaran dos semanas o menos en Estados Unidos.
La nueva directriz no afecta a los extranjeros que llegan a los puertos de entrada (mayoritariamente en busca de asilo) que, según el documento, “ya son sujetos a una deportación acelerada”.
Este tipo de deportación implica que los casos de los afectados no serán revisados por un juez migratorio. Aquellos que manifiesten su intención de pedir asilo al expresar temor a ser perseguidos, torturados tener temor de regresar a su país “serán entrevistados por un oficial de asilo”, que determinará si tiene “un temor creíble”.
De ser así sería remitido ante un juez; de lo contrario, no.
El cambio significa que los migrantes pueden ser detenidos en cualquier estado de Estados Unidos y tendrán que probar, a consideración de los agentes migratorios, que han estado viviendo en el país continuamente al menos dos años, pero si no, pueden ser detenidos y enfrentar una deportación expedita.
El gobierno dijo que el aumento de las deportaciones rápidas liberaría espacio de detención y aliviaría la carga de los tribunales de migración, que atienden más de 900 mil casos que se han acumulado.
Al reaccionar al anuncio, la directora ejecutiva del American Immigration Council, Beth Werlin, consideró que con la expansión de la deportación acelerada se socava el principio fundamental de “imparcialidad” y se obliga a las personas, incluido cualquier ciudadano estadounidense, a probar que no debe ser deportado.
“El aumento de la deportación acelerada en el país es una expansión sin precedentes de la autoridad de ejecución del Departamento de Seguridad Nacional que pondrá a muchas personas en riesgo de deportación ilícita”, advirtió.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que ha presentado demandas para bloquear varias de las políticas migratorias de Trump, prometió ir a tribunales para detener la nueva medida.
“La política provocará caos y miedo en las comunidades de migrantes”, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de la Escuela de Derecho de Cornell, quien advirtió que ciudadanos estadounidenses podrían “ser deportados por error”.
La decisión se conoce después de que el pasado 15 de julio la administración de Trump anunciase, mediante una medida presentada por el Departamento de Justicia y el DHS, que impedirá otorgar el asilo a los inmigrantes que no lo soliciten antes en un tercer país seguro.
“Un extranjero que entre o intente entrar en Estados Unidos a través de la frontera sur después de no haber solicitado protección en un tercer país fuera de sus naciones de ciudadanía, nacionalidad o de última residencia legal habitual que hubiese transitado en camino a EU no es apto para asilo”, destacó la orden publicada en el Registro Federal y que entró en vigor el pasado martes.
Trump ha endurecido su política migratoria, en un intento por frenar la llegada masiva de migrantes a través de la frontera con México donde, según el gobernante estadounidense, se vive una “crisis humanitaria”.
