Estados Unidos está considerando qué acciones tomar contra el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para demostrarle que todas sus decisiones políticas tienen consecuencias y como represalia a la orden de detención del opositor Edmundo González Urrutia.
"En coordinación con nuestros socios estamos considerando una variedad de opciones para demostrarle al señor Maduro y a sus representantes que sus acciones en Venezuela tendrán consecuencias", apuntó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una conversación con medios.
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El alto cargo del Gobierno de Joe Biden recordó que estas acciones se están contemplando para condenar la orden de arresto contra Edmundo González en Venezuela por presuntamente incitar a la violencia, algo que "por supuesto no es exacto", afirmó.
"Este es solo otro ejemplo de los esfuerzos del señor Maduro por mantener el poder por la fuerza y negarse a reconocer que el señor González ganó la mayoría de los votos el 28 de julio", apuntó Kirby, quien no detalló qué forma van a tener esas posibles consecuencias.
La Fiscalía de Venezuela solicitó ayer lunes a un juzgado especializado en delitos de terrorismo que emita una orden de arresto contra González Urrutia, candidato de la mayor coalición opositora, por su "presunta comisión de delitos de usurpación de funciones" y "forjamiento de documento público", con relación a las actas electorales de las presidenciales del 28 de julio.
La solicitud se hizo después de que la Fiscalía citara a González Urrutia en tres ocasiones y el opositor decidiera no presentarse, al desconocer en calidad de qué debía comparecer y al no reconocer los delitos que el Ministerio Público (MP) le atribuye.
Kirby recordó que en los últimos meses Estados Unidos ya ha "aplicado y calibrado" sanciones contra Venezuela "a la luz de los intereses generales" del país norteamericano y de "las acciones y omisiones que toman Maduro y sus representantes".
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La última gran acción contra el Ejecutivo venezolano fue el decomiso el lunes del avión oficial de Maduro, que fue tomado en República Dominicana por orden de las autoridades de Estados Unidos, en el marco de las sanciones aplicadas a Caracas.
Según Washington, la aeronave, que fue transferida a Florida por haber sido "comprada ilegalmente" por 13 millones de dólares, es un Dassault Falcon 900EX propiedad de Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada en su nombre.
El Gobierno de Venezuela anunció después del decomiso que se reservará el derecho de tomar acciones legales para reparar el daño y dijo en un comunicado que lo sucedido fue una "práctica criminal".
El pasado abril, Estados Unidos revirtió parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, al acusar a Maduro de incumplir sus compromisos electorales con la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado.
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