Washington.— El gobierno de Donald Trump impondrá desde hoy su política más dura hasta el momento contra los solicitantes de asilo, acabando de facto con la esperanza de los centroamericanos que transitan por México. Estados Unidos aplicará de forma unilateral una medida tipo tercer país seguro que denegará el asilo a todo aquel peticionario que no lo haya solicitado antes en las naciones por las que haya transitado hasta territorio estadounidense.
El régimen trumpista añade un “nuevo veto obligatorio a la elegibilidad de asilo a los extranjeros que entran o tratan de entrar a Estados Unidos por la frontera sur”, señala el texto de la normativa que se publicará en el Registro Federal.
No habrá excepciones ni para niños, sólo para aquellos que puedan justificar que han sido víctimas del tráfico de personas, demuestren que su solicitud de asilo fue rechazada por alguno de los países por los que transitó o que en su camino a Estados Unidos atraviesen por países no firmantes de la Convención sobre el estatus de los refugiados (1951), el Protocolo de 1967 o la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Castigos Inhumanos y Crueles.
Para los demás migrantes, la ordenanza es que deberán antes solicitar protección en cualquier tercer país que transiten en su ruta hacia Estados Unidos, y pone como ejemplo de forma explícita a México y su presunto “robusto régimen de protección” a los solicitantes de asilo.
Con esta medida, que puede ser rebatida en las cortes, Estados Unidos corta por completo toda opción de refugio para los centenares de miles de centroamericanos (guatemaltecos, hondureños, salvadoreños) que transitan por territorio mexicano hasta llegar a la frontera sur de la Unión Americana.
El anuncio se reveló a una semana de que venza el plazo que se dieron EU y México para ver la efectividad de las medidas migratorias implementadas por los mexicanos para evitar la amenaza de imposición de aranceles a productos nacionales.
El anuncio coincidió con el día en el que Estados Unidos iba a firmar un acuerdo de tercer país seguro con Guatemala, un acto que fue cancelado el fin de semana por la oposición interna en ese país, hasta el punto de estar en revisión por la Corte Suprema guatemalteca.
“Esta normativa es un ejercicio legal de la autoridad provista por el Congreso para restringir la elegibilidad para asilo”, abogó el fiscal general estadounidense, William Barr.
Las asociaciones promigrantes no estuvieron de acuerdo con esa afirmación. “Es descaradamente ilegal”, denunciaron desde Raíces, un centro de servicios legales para inmigrantes y refugiados con sede en Texas. “El principio de asilo es sacrosanto. (…) Las cortes no deben dar largas en esto: vamos a desafiar en las cortes y en las calles”.
También se unió ACLU, una de las organizaciones proderechos civiles más importantes del país. “La administración Trump está intentando de forma unilateral revertir el compromiso legal y moral de nuestro país de proteger a la gente que está huyendo del peligro”, criticó. “La nueva normativa es evidentemente ilegal; vamos a demandarla”.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), externó su “profunda preocupación” por las restricciones, subrayando que “pondrán en peligro a personas vulnerables que necesitan protección internacional de la violencia y la persecución”. Amnistía Internacional criticó lo que llamó el intento del gobierno de Trump para “cerrar una de las últimas formas seguras y legales de las personas que huyen de la violencia para buscar asilo”.
A la vez, Trump se refirió a las redadas en contra los migrantes con órdenes finales de deportación, y dijo que han sido “muy exitosas”; detalló que pidió centrarse en criminales. En Houston se reportó el arresto de seis personas.
***Con información de agencias