El gobierno estadounidense dio 176.6 millones de dólares a las administraciones mexicanas del año fiscal 2015 al año fiscal 2023, es decir, bajo las gestiones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador por medio del Control Internacional de Narcóticosy Aplicación de la Ley (INCLE) para apoyar los esfuerzos de control de inmigración de México.
En un reporte del Servicio de Investigación Legislativo del Capitolio (CRS, por sus siglas en inglés), se detalla que "la ayuda estadounidense ayudó a las agencias mexicanas a fin de construir una red de comunicaciones más segura en la zona fronteriza sur de México e instalar sistemas biométricos, equipos de detección en los 52 centros de detención de migrantes de México, centros que interactúan con bases de datos de EU".
También permitió "el suministro de equipos de inspección no intrusivos, equipos caninos y vehículos, así como entrenamiento para más de mil funcionarios".
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En el reporte se indica que "desde el año fiscal 2018 hasta el año fiscal 2023, el Departamento de Estado ha proporcionado más de 163 millones de dólares a través del Programa de Migración y Cuenta de Asistencia a Refugiados (MRA) ante ACNUR para mejorar el acceso al asilo en México, brindar asistencia legal y refugio para solicitantes de asilo y aumentar la capacidad de procesamiento de asilo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
En el documento se indica que "los fondos del MRA también han apoyado a otras organizaciones humanitarias en México involucradas en mejorar los refugios, proporcionar asistencia médica y transportar inmigrantes que aceptan ser enviados de regreso a sus países de origen".
Además, el reporte detalla que el próximo mandatario Donald Trump, "se ha comprometido a aumentar las deportaciones, reiniciar el MPP- (Protocolos de Protección a Migrantes o Quédate en México)- e imponer un arancel de 25% a mercancías procedentes de México hasta que el gobierno mexicano frene la migración irregular y las drogas con destino a Estados Unidos".
Agrega que "según se informa, el gobierno mexicano ha aumentado el personal en sus consulados de EU para ayudar a los inmigrantes que pueden estar en riesgo de ser expulsados. El gobierno de (la presidenta mexicana Claudia) Sheinbaum ha prometido reforzar la capacidad de México para recibir y reintegrar a los deportados mexicanos y ha discutido los esfuerzos mexicanos de aplicación de la ley con (...)Trump. No está claro si, y bajo qué condiciones, México podría aceptar que se reinicie el MPP".
En el documento se indica que "desde que asumió el cargo en octubre, la presidenta Sheinbaum ha continuado implementando las políticas de aplicación de la ley de su predecesor".
Además, el reporte añade que "desde 2019 hasta el final de su mandato, López Obrador adoptó una línea más dura que sus predecesores respecto de la migración, en parte debido a la presión tanto de las administraciones Trump como de Biden. Su gobierno incrementó las detenciones migratorias y el acceso restringido a visas humanitarias, especialmente para aquellos que viajan en grupos grandes".
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Se agrega que "luego de que México desplegara su Guardia Nacional (formada en 2019) para la aplicación de la ley migratoria, informes de grupos de derechos humanos informan que los casos de maltrato a los inmigrantes aumentaron. Desde 2021, México supuestamente ha tratado de mantener a los solicitantes de asilo en el sur de México, a pesar de las peligrosas condiciones allí, a menudo viajan en autobús. El gobierno también creó requisitos de visa para aquellos de países como Brasil, Ecuador y Venezuela".
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