Más Información
Washington.— La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, dijo ayer que es “totalmente su intención” cumplir con los plazos judiciales para la reunificación de familias inmigrantes que el gobierno de Donald Trump separó en la frontera. La fecha límite se cumple este jueves, cuando todos los niños separados deberían volver con sus padres.
En una entrevista en Fox News, Nielsen aseguró que la administración está “en camino de conseguirlo”. No se refería, sin embargo, a la totalidad de casos de separación, sólo a los considerados “elegibles”.
Quedan fuera de esa categoría alrededor de 900 que, por diversas causas —ya sea por investigación de crímenes de los padres, o porque los adultos ya han sido expulsados del país— el gobierno no considera en el paquete de reunificaciones que debe completar para este jueves.
No hubo respuesta específica sobre la reunión de los adultos —más de 460, según organizaciones no gubernamentales— que ya habrían sido deportados sin sus hijos.
“Si los padres nos contactan y quieren ser reunificados, claro que trabajaremos con ellos. Pero como sabes, y tal y como funciona el proceso, los padres siempre tienen la elección de llevarse a los niños”, dijo la funcionaria.
Mientras Nielsen daba la entrevista, en San Diego, California, se realizaba una audiencia judicial de control sobre la reagrupación familiar.
Allí, la administración Trump afirmó haber reunido exitosamente a mil 12 familias y otros, sin precisar cifra, fueron entregados a familiares. El juez Dana Sabraw felicitó al gobierno por el “logro remarcable” y exigió que se le entregue hoy una lista de los padres deportados sin sus hijos y los que decidieron no seguir con el reencuentro.
ACLU, la organización que lidera la defensa de los migrantes, se ofreció a ayudar en la identificación de los deportados. También pidió al gobierno dar a las familias reunificadas una semana para decidir si son deportados, quieren iniciar trámites de asilo o que sólo se expulse a los adultos.
Explicaron que ahora sólo dan tres minutos a los migrantes para tomar la decisión, lo que para ACLU es una violación al debido proceso. El gobierno teme que con esa excusa se ralenticen los procesos de deportación.
Ordenan liberar ecuatoriano. El juez Paul Crotty ordenó ayer la liberación inmediata de Pablo Villavicencio, un inmigrante ecuatoriano que fue detenido con fines de deportación luego de que entregó una pizza en una instalación del ejército de EU en Brooklyn. Villavicencio podrá quedarse en EU mientras agota su derecho de intentar obtener un estatus legal.
