Washington.— La posible revocación del derecho al aborto en Estados Unidos por parte de la Corte Suprema podría derivar en que hasta 26 estados de mayoría conservadora lo prohibieran completamente, según las estimaciones de la organización sin ánimo de lucro Planned Parenthood.
Planned Parenthood dijo que “estas nuevas posiciones [antiaborto] van a perjudicar considerablemente a las mujeres más vulnerables. Entre ellas a las comunidades de origen latino, afroestadounidense e indígena; así como a quienes viven en localidades rurales y de bajos recursos en general”.
Kevin Stitt, gobernador de Oklahoma, anunció ayer que firmó una ley estatal que limita el aborto después de las seis semanas de gestación.
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La Corte Suprema confirmó la autenticidad de un documento interno que sugiere el fin del derecho constitucional al aborto en el país, publicado por el portal Politico, subrayó que no representa la decisión “final” y el presidente del máximo tribunal, John Roberts, ordenó una investigación sobre la filtración del borrador.
El presidente Joe Biden instó a defender el derecho al aborto. “Recaerá en los votantes elegir” a los funcionarios que respalden el derecho al aborto, afirmó el mandatario, al prometer trabajar para aprobar una legislación en el Congreso que codifique Roe vs Wade. Adelantó que la idea es incluir el tema de la legalización del aborto en la Constitución, para evitar nuevos embates. Pero para ello, dijo, se requiere tener congresistas liberales. Las elecciones de medio término son en noviembre y hasta ahora se prevé que los republicanos recuperarán el control.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que “este es el momento de luchar por las mujeres y nuestro país con todo lo que tenemos”. La senadora Elizabeth Warren apareció frente al tribunal para dar su apoyo a los manifestantes a favor del aborto y planteó la posibilidad de “rellenar” el Supremo, para incluir más jueces liberales.
“Ya estamos viendo la defensa de este derecho que las mujeres ganamos desde hace casi cincuenta años”, comentó a EL UNIVERSAL una vocera de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). El 14 de abril, en Florida, el gobernador republicano Ron DeSantis firmó una ley que prohíbe el aborto a partir de la semana 15, en lugar de la 24. Esta ley estatal entrará en vigor el 1 de julio.
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ACLU ya se había pronunciado contra la ley de Florida. “Cuando esta prohibición para abortar entre en vigor va a tener muy fuertes consecuencias para las embarazadas; en particular las que no pueden trasladarse a otro estado para obtener atención médica especializada”, declaró la abogada de ACLU Kara Gross; agregó que “ningún político debe decidir cuándo [una mujer] debe tener un hijo. Nadie puede ser obligada a mantener un embarazo si no quiere; es un cruel ataque a nuestra integridad física y por eso vamos a llevar a cabo rápidas acciones legales”. En otro comunicado en manos de este medio, la ACLU aseguró que “cualquier ley antiaborto tiene efectos insospechables para las mujeres que quieren o necesitan abortar. Lo primero es la demora para enterarse que están embarazadas para cumplir con los tiempos que están imponiendo estas leyes y lo otro es no contar con el recurso económico para pagar este tipo de atención médica. No hay que perder de vista que [muchas de estas leyes] criminalizan a los médicos por proporcionar atención para abortar, después de los tiempos señalados”.
Una defensora de la ley de Florida, Miriam Domínguez, joven cubana-estadounidense, dijo que “en Florida y en ningún estado [de la Unión Americana] está prohibido el aborto, lo único que se modifica [en varios estados] es que el tiempo para poder hacerlo cambió y me parece muy bien, porque los no nacidos también sienten [física y emocionalmente] y tenemos la obligación de protegerlos; tienen derecho a nacer”.
Cientos de mujeres se han movilizado a lo largo y ancho del país para manifestarse contra las leyes estatales que están restringiendo los abortos y contra la posibilidad de que la Corte Suprema elimine Roe vs. Wade y, con ello, ponga fin a la legalización del aborto y deje en manos de los estados la decisión.
“¿En qué nos quieren convertir?”, se preguntó Norma Muñoz, quien vive en Miami desde hace 12 años y es auxiliar de enfermería: “Debemos conservar nuestros derechos como mujer y no ser perseguidas y menos detenidas por una decisión que sólo nosotras sabemos por qué lo estamos tomando”.
Medio millar de médicos se pronunciaron en Florida. Entregaron al Congreso estatal una carta en la que solicitan desactivar la nueva ley antiaborto, especialmente en la parte donde los criminalizan y les prohíben dar un servicio de atención a la vida de la mujer. “Un aborto [en muchos casos] puede ser médicamente necesario para mantener la seguridad de la paciente, así como su vida o su fertilidad. No nos dejan muchos caminos: o le negamos el servicio a las mujeres que lo necesiten o incumplimos la ley”.
*Con información de agencias
