El presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca con una promesa de reducir la migración irregular, construir un muro en la frontera con México, vetar el ingreso de inmigrantes de ciertos países musulmanes y deportar masivamente a los inmigrantes indocumentados. Dos de las órdenes ejecutivas que firmó en su primera semana en el Despacho Oval establecían estos cambios y ha sido uno de los temas de mayor importancia para su administración desde los primeros días del ejercicio de su mandato.
¿Qué tanto ha podido cumplir Trump con estos compromisos y qué efecto ha tenido para la inmigración — y los inmigrantes— en Estados Unidos? Sin duda, hay un cambio dramático en cómo se habla de la migración en los ámbitos oficiales del país y hay algunas acciones que a largo plazo pueden tener un efecto muy importante para la inmigración en el país, pero en muchos otros sentidos, el cambio real ha sido mucho menos importante de lo que parece. La retórica —y el miedo— son mucho más fuertes que la realidad de las políticas que se han implementado hasta ahora, lo cual hace pensar que quizás el miedo es —más que resultado del cambio de las políticas— parte de la estrategia.
Un giro histórico. No ha habido ningún otro presidente en la historia moderna de Estados Unidos que haya puesto tanto énfasis en la migración como Donald Trump, quien ha visto este tema más como un problema a enfrentar que como una oportunidad. Otros mandatarios estadounidenses implementaron estrategias duras contra los indocumentados, pero siempre con la idea de lograr la confianza de los conciudadanos para una reforma migratoria.
La migración, en la mitología y la conciencia de los estadounidenses, ha sido un elemento esencial de identidad y la meta siempre había sido conciliar un flujo regular de migrantes nuevos con reglas claras que se respeten y tengan sentido para la economía del país.
En cambio, Trump habla de migración como un problema, algo que fomenta la criminalidad, aumenta la inseguridad, daña la economía y altera los valores de la sociedad. Hay legítimas dudas en cuanto al efecto de la migración en la economía —claramente aumenta el crecimiento económico y dinamiza la innovación, aunque hay posibilidades de que contribuya a la competencia económica en sectores menos remunerados — pero no hay evidencia alguna de que la migración aumente el crimen (sino todo lo contrario), y hasta ahora se ha podido evitar que sea un factor importante en la vulnerabilidad al terrorismo. Pero Trump está guiñando el ojo a sectores de la sociedad —minoritarios, pero bien representados entre sus bases de apoyo político— que resienten los cambios sociales y culturales que se viven en el país.
Trump es el primer presidente que también ha sugerido la reducción de la migración legal a la mitad de su nivel actual, un cambio significativo que habla de una preocupación en un sector de la población de que simplemente hay demasiados inmigrantes, una cifra que hoy asciende a 13% de la población; es decir, una de cada siete personas en EU es nacida en otro país. Si bien esta no es una preocupación generalizada, sí existe como tema de debate entre los seguidores más fieles al presidente y por eso da voz a estas preocupaciones.
Detenciones y deportaciones. Durante su primer año de gestión, se ha incrementado el número de detenciones de inmigrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos en un poco más de 40% frente a los mismos meses del año anterior (de enero a septiembre). De los 97 mil arrestados, 28 mil no tenían antecedentes penales, un giro notable ya que al final de la administración de Barack Obama alrededor de 90% de los detenidos tenían antecedentes penales. Ahora los criterios para la detención son mucho más amplios; sin embargo, el número de detenciones es más bajo que durante los últimos años de la administración de George W. Bush y los primeros años de la administración Obama.
Protección temporal. Las dos acciones que quizás más han resonado han sido las decisiones de terminar con el programa DACA, que protege de la deportación a los llamados soñadores, y el Estatus de Protección Temporal (TPS, pos sus siglas en inglés), especialmente en el caso de los haitianos. La decisión respecto a los soñadores, jóvenes que llegaron como menores de edad a EU de forma irregular, y que son en su gran mayoría (79%) mexicanos, ya es sujeto de un debate álgido en el Congreso, con posibilidades (más no es seguro) de volverse ley. Si no hay legislación antes del 8 de marzo, entonces habrá casi 800 mil jóvenes que irán cayendo poco a poco en una situación irregular después de haber vivido, estudiado y trabajado legalmente por muchos años en el país.
En cambio, la cancelación de la protección para los haitianos, que probablemente será seguida de cancelaciones de programas para hondureños y salvadoreños, dejará a 350 mil personas en un estatus irregular tras muchos años de vivir legalmente en el país. Aunque Trump tiene razón en decir que este programa —que protege a migrantes de países afectados por desastres naturales o guerra civil— no debería volverse permanente, su anulación deja a miles de inmigrantes en una situación muy frágil en el país donde han vivido por más de 10 o 20 años.
Refugiados y visas legales. Durante la administración Trump se ha recortado el número de refugiados que pueden ser admitidos en Estados Unidos de 110 mil a sólo 40 mil. Además, por orden del presidente, se prohíbe la entrada a ciudadanos de seis países mayormente musulmanes (Siria, Chad, Somalia, Yemen, Libia e Irán), una decisión que inicialmente fue dejada sin efecto por los tribunales, por ser una medida discriminatoria, pero que ahora ha recibido luz verde de parte de la Suprema Corte.
Hay nuevos reglamentos que hacen mucho más difícil solicitar visas para trabajadores profesionales, sobre todo en el sector tecnológico, así como nuevos requisitos para renovar visas, que requieren de una entrevista en persona y nuevos documentos. Es probable que estos cambios tengan el efecto de limitar el número de permisos que se otorgan en el futuro para trabajadores profesionales.
Un país dividido. Si bien la estrategia del presidente va en el sentido de reducir la migración, terminar programas temporales y detener y deportar a los indocumentados, no está claro que esas políticas gocen de popularidad entre los estadounidenses. Las encuestas señalan que se ha incrementado el apoyo a la migración, excepto por un sector de entre 25% y 35% de la población que apoya las iniciativas de la Casa Blanca.
A raíz de estas diferencias de opinión se está viendo poco apoyo en el Congreso para dar al presidente más fondos para las detenciones y deportaciones, mucho menos para un muro, y no parece haber interés en cambiar las leyes migratorias del país para reducir el número de visas.
Al mismo tiempo, los gobiernos locales y estatales están metiéndose en temas migratorios de diversas maneras. En algunos casos, los gobiernos locales y estatales limitan su cooperación con los agentes migratorios federales, creando lo que algunos llaman “políticas de santuario”, aunque en cada caso la forma de hacerlo es un poco diferente. Mientras tanto, otros gobiernos locales y estatales aumentan su cooperación con el gobierno federal. Las tres ciudades más grandes del país —Nueva York, Los Ángeles y Chicago— tienen leyes locales que prohiben a la policía local indagar el estatus migratorio de sus habitantes, incluyendo los que son detenidos por la policía, mientras que los dos estados más importantes, California y Texas, tienen políticas opuestas: el primero prohibe que agencias y municipios del estado colaboren con las autoridades migratorias, mientras que el segundo exige a todas sus agencias y municipios participar activamente.
El efecto sicológico. Si bien los cambios en la política migratoria no son tan profundos como se han anunciado y son mitigados en parte por la resistencia del Congreso y de algunos estados y municipios, el efecto sicológico de la retórica va mucho más allá de la realidad y eso puede llevarnos a pensar que ese miedo es parte de la estrategia.
El número de detenciones en la frontera México-EU, por ejemplo, ha bajado más de 25% de 2016 a 2017 (sólo 41% de ellos mexicanos), sin que haya nuevas medidas de control fronterizo, lo cual sugiere que el miedo ha jugado un papel importante en el cálculo de los posibles inmigrantes.
También hay una baja notable en turismo, en visas para estudiantes y hasta en visas para trabajadores profesionales, todo lo cual indica que el ambiente en el país y las declaraciones del mandatario han sido suficientes para disuadir a las personas que consideraban viajar, estudiar o trabajar en EU. Las bajas más notables son de solicitantes de visa de países de mayoría musulmana.
Sin duda el miedo mayor es el que se ha infundido a inmigrantes indocumentados que viven en EU, quienes temen ser detenidos y deportados. Si bien el número de arrestos no ha aumentado a niveles previamente vistos, la retórica crea la sensación de que sí son más generalizadas de lo que son, y que además son más arbitrarias, por lo que hay que cuidarse.
Desde la óptica del presidente Trump, puede ser que esto sea visto como positivo, porque manda señales a los indocumentados de que deberían salir del país. Pero desde la óptica de la convivencia ciudadana, quizás sea algo mucho más dañino y que puede tener efectos nocivos ea largo plazo.
Más de tres cuartas partes de los inmigrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos tienen más de 10 años en el país; es más probable que decidan vivir a la sombra de la sociedad en lugar de regresar a sus países de origen. Se ha notado, por ejemplo, que ha bajado el número de llamadas a la policía por parte de mujeres inmigrantes que sufren de violencia doméstica, un indicador del temor a reportarse a las autoridades.
Es probable que el resultado del miedo no sea una menor presencia de migrantes indocumentados, sino una menor integración de éstos —y sus hijos nacidos en Estados Unidos— en la sociedad.
Presidente del Instituto de Políticas Migratorias
