Durante años, Donald Trump ha promovido afirmaciones infundadas de que le robaron las elecciones de 2020. En realidad, fue Trump quien trató de robarse los comicios, aseveraron fiscales federales el martes en una extensa acusación formal que describe que el expresidente estaba desesperado por aferrarse al poder que le habían quitado los votantes.
El acta de acusación del Departamento de Justicia imputa a Trump de conspirar descaradamente con sus aliados para difundir falsedades y elaborar planes con el objetivo de anular su derrota electoral frente al presidente Joe Biden luego de que sus impugnaciones judiciales no prosperaron en los tribunales.
Los cargos por delitos graves presentados por el fiscal especial Jack Smith giran en torno a las palabras de los abogados de la Casa Blanca y otras personas de su círculo íntimo quienes le dijeron en reiteradas ocasiones a Trump que no hubo fraude.
Es la tercera vez este año que el favorito en las primarias presidenciales republicanas de 2024 ha sido encausado en un caso penal. Pero este es el primer caso en el que se intenta responsabilizar a Trump por sus esfuerzos por permanecer en el poder durante las caóticas semanas que transcurrieron entre su derrota electoral y el asalto perpetrado por sus simpatizantes contra el Capitolio federal el 6 de enero de 2021.
Trump ha dicho que no hizo nada indebido, y ha acusado a Smith y al Departamento de Justicia de intentar perjudicar su campaña presidencial rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.
A continuación, un vistazo a los cargos que enfrenta Trump y otros aspectos clave en el acta de acusación:
Trump está acusado de cuatro cargos: Obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, conspiración para defraudar a Estados Unidos y conspiración para impedir que otros ejerzan sus derechos constitucionales.
En el cargo por obstrucción, que conlleva una sentencia de hasta 20 años en prisión, el procedimiento oficial se refiere a la sesión conjunta en el Congreso federal del 6 de enero de 2021 en la que se debían contar los votos colegiados para certificar a Biden como el ganador oficial. La conspiración para obstruir un procedimiento oficial también conlleva una pena máxima de 20 años en prisión.
El cargo de obstrucción se ha presentado contra cientos de los más de mil acusado en relación con la insurrección del 6 de enero, incluidos miembros de los grupos de extrema derecha Oath Keepers y Proud Boys. Más de 100 personas han sido condenadas en juicio o se han declarado culpables del delito.
La conspiración para defraudar a Estados Unidos, que se castiga con hasta cinco años en prisión, prohíbe los esfuerzos para obstruir o interferir con las funciones del gobierno “mediante engaños, mañas o trucos, o al menos por medios que son deshonestos”, de acuerdo con la Suprema Corte. El acta asegura que Trump utilizó “la deshonestidad, el fraude y el engaño” para obstruir el conteo y la certificación de los resultados electorales.
Trump tenía el derecho de impugnar la elección, e incluso de asegurar falsamente que había ganado, según el acta. Los cargos, sin embargo, se derivan de lo que los fiscales afirman que fueron intentos ilícitos por subvertir los resultados electorales y bloquear la transferencia pacífica del poder.
El acta de acusación sostiene que la campaña de varias semanas comenzó con la presión sobre los legisladores estatales y los funcionarios electorales para cambiar votos colegiados de Biden a Trump, y luego evolucionó hacia la elaboración de listas falsas de compromisarios a favor de Trump para ser enviadas al Congreso.
Trump y sus aliados también trataron de utilizar al Departamento de Justicia para que llevara a cabo investigaciones falsas de fraude electoral con el fin de impulsar su plan de falsos compromisarios, de acuerdo con el acta de acusación.
A medida que se acercaba el 6 de enero, Trump y sus aliados presionaron al entonces vicepresidente Mike Pence para que rechazara algunos votos colegiados, y cuando eso no funcionó, el expresidente indicó a sus simpatizantes que fueran al Capitolio federal para impedir la certificación de los resultados de las elecciones, señala el acta de acusación.
Por último, señala la acusación, Trump y sus aliados trataron de sacar provecho del asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes al redoblar sus esfuerzos para difundir mentiras electorales y convencer a los miembros del Congreso de que retrasaran aún más la certificación de la victoria de Biden.
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Trump está acusado de violar un estatuto de derechos civiles posterior a la era de la reconstrucción de la guerra civil que tipifica como delito conspirar para violar los derechos garantizados en la Constitución, en este caso: El derecho al voto y a que éste se cuente. Conlleva una sentencia de hasta 10 años de cárcel.
La disposición formaba parte originalmente de un conjunto de leyes aprobadas en 1870 en respuesta a la violencia y la intimidación ejercidas por miembros del Klu Klux Klan con el fin de mantener a las personas de raza negra alejadas de las urnas.
Pero se ha utilizado a lo largo de los años en una amplia gama de casos de fraude electoral, incluido para perseguir conspiraciones para rellenar urnas o no contar determinados votos. La conspiración no tiene que ser exitosa, es decir, que el fraude no tiene que afectar realmente a las elecciones.
El Departamento de Justicia logró una condena por este cargo a principios de este año en el caso de Douglass Mackey, un propagandista de extrema derecha de Florida que fue acusado de conspirar con otras personas con gran número de seguidores en internet para difundir mensajes fraudulentos a los partidarios de la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton en un esfuerzo por suprimir el voto en 2016.
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Trump es el único imputado en el acta de acusación, la cual menciona a seis cómplices no identificados. De momento no está claro por qué no fueron encausados o si más adelante serán añadidos a la acusación.
Entre los cómplices está un abogado “que estaba dispuesto a difundir afirmaciones falsas a sabiendas y adoptar estrategias” que los abogados de la campaña de Trump para 2020 se negaban a tomar, y un abogado cuyas “afirmaciones infundadas de fraude electoral”, según admisiones de Trump a otras personas en privado, sonaban “descabelladas”. Otro cómplice es un consultor político que ayudó a presentar listas falsas de compromisarios para Trump.
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El caso penal fue presentado en el tribunal federal de Washington, donde se tiene previsto que Trump comparezca el jueves.
Durante más de dos años, los jueces de dicho tribunal — el cual se ubica cerca del Capitolio — han estado escuchando los casos de cientos de simpatizantes de Trump acusados de participar en el asalto del 6 de enero, muchos de los cuales han dicho que fueron engañados por las mentiras electorales difundidas por Trump y sus aliados.
Trump ha indicado que su defensa puede apoyarse, al menos en parte, en la idea de que él realmente creía que le habían robado las elecciones, publicando recientemente en redes sociales: “Tengo el derecho a protestar una elección que estoy plenamente convencido que estuvo amañadas y me fue robada, tal y como los demócratas lo han hecho contra mí en 2016, y muchos otros lo han hecho a lo largo de la historia”.
Pero los fiscales han reunido una cantidad significativa de evidencia que demuestra que a Trump se le dijo en varias ocasiones que había perdido.
Trump “fue notificado repetidamente que sus afirmaciones eran falsas, a menudo por las personas en las que confiaba para un asesoramiento sincero en asuntos importantes, y que estaban en una mejor posición para conocer los hechos y él deliberadamente hizo caso omiso de la verdad”, señala el acta de acusación.
Trump ya tiene programado un juicio en marzo en el caso de Nueva York que se deriva de pagos que hizo para mantener en silencio a una actriz porno que dijo haber tenido una relación extramarital con él durante la campaña de 2016; y otro en mayo en el caso federal en Florida derivado de los documentos confidenciales encontrados en su finca de Mar-a-Lago.
Una actualización de la acusación en el caso de los documentos confidenciales que se dio a conocer la semana pasada añadió nuevos cargos que involucran acusaciones de que Trump trató de conseguir que se eliminaran las grabaciones de las cámaras de vigilancia de Mar-a-Lago después de que fueran solicitadas por los investigadores.
A diferencia de Florida, donde los republicanos han logrado avances constantes en los últimos años, Trump probablemente se enfrentará a un jurado difícil en Washington D.C., donde abundan los demócratas. De las aproximadamente 100 personas que han sido enjuiciadas por el asalto al Capitolio, sólo dos han sido absueltas de todos los cargos y esos casos fueron decididos por jueces, no por jurados.
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