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París.— Nuevos enfrentamientos estallaron ayer en Francia en las protestas contra la reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, cuyo gobierno invitó a los sindicatos a una reunión la próxima semana tras rechazar un pedido de “mediación” inicial.
La participación fue de 740 mil personas, según las autoridades, y a “más de 2 millones”, de acuerdo con el sindicato CGT, en la décima jornada de protestas desde enero. Los sindicatos llamaron de nuevo a manifestarse el jueves 6 de abril. Los sindicatos no tiran la toalla y a ellos se unen los jóvenes, mucho más numerosos en las últimas dos jornadas de protesta.
Las centrales sindicales son la punta de lanza de la movilización contra el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030, pero la decisión el 16 de marzo de Macron de aplicarla por decreto radicalizó las protestas.
Los disturbios e incidentes entre manifestantes y las fuerzas de seguridad continuaron ayer en decenas de ciudades de Francia, de Lille (norte) a Toulouse (sur), pasando por Rennes (oeste) o Lyon (este), pero de menor intensidad. En la capital, las fuerzas de seguridad detuvieron a 55 personas y llevaron a cabo 10 mil controles, de acuerdo con la policía. El jueves hubo 457 detenidos y 441 agentes heridos en todo el país.
Aunque el gobierno, que movilizó a 13 mil agentes, busca criminalizar las protestas y socavar su apoyo, la actuación policial se encuentra en el punto de mira tras las críticas de ONG e incluso del Consejo de Europa.
En este contexto, el gobierno y los sindicatos aseguran buscar una manera de calmar los ánimos, pero campan en sus posiciones: las centrales sindicales quieren la retirada o la suspensión de la reforma, y Macron dice no.
El líder del sindicato moderado CFDT, Laurent Berger, aseguró en la noche que la primera ministra, Élisabeth Borne, había invitado a todas las centrales a una reunión la próxima semana, en una fecha por confirmar, a la que asistirán. Berger indicó que aportarán “propuestas” como buscar una “mediación” para hallar un vía de salida al conflicto, un pedido que el vocero del gobierno, Olivier Véran, rechazó en la mañana, pero que el partido centrista MoDem, aliado de Macron, apoyó.
El presidente liberal se halla bajo presión. Su gobierno defiende que la reforma es crucial para evitar un déficit en la caja de las pensiones, pero carece de apoyo sindical y popular, y un sostén incierto en el Parlamento.
A la espera del dictamen en abril del Consejo Constitucional sobre su validez, Macron busca pasar página rápidamente con otras prioridades como la salud, la educación y garantizarse una mayoría estable en el Parlamento.
