Más Información
Washington.— La migración a Estados Unidos alcanzó en marzo cifras no vistas en dos décadas. De acuerdo con los datos que dio a conocer ayer la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), 172 mil 331 personas intentaron llegar a Estados Unidos.
La gran mayoría son inmigrantes de origen mexicano (62 mil 325), seguidos por los hondureños (41 mil 677), guatemaltecos (33 mil 866) y salvadoreños (9 mil 391).
Tanto Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional (DHS), como otros funcionarios del gobierno, insisten en que el alza en las llegadas de inmigrantes es una tendencia que va de subida desde abril de 2020.
Tal como ha señalado el presidente Joe Biden, la mayoría de los migrantes no se queda en Estados Unidos. Las expulsiones exprés, amparadas en una cláusula especial por la pandemia (el denominado título 42), se están acelerando: se deportó a 103 mil 900 individuos en marzo, 70% más que el mes anterior (72 mil 113), de los cuales 28% eran reincidentes.
Los datos más preocupantes son los arribos de menores no acompañados: 18 mil 890, más del doble que en febrero, lo que representa un reto mayúsculo para un país sin la infraestructura preparada para este tipo de llegadas y que intenta recomponerla.
De acuerdo con The Washing- ton Post, que dijo haber obtenido datos del gobierno, la administración Biden está gastando al menos 60 millones de dólares a la semana para atender a los más de 16 mil menores —niños y adolescentes— en los albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
En los albergues permanentes, el costo de atender a un niño es de unos 290 dólares al día. A eso hay que sumar las por lo menos 10 instalaciones de emergencia en las que hay 16 mil camas temporales para los menores, donde actualmente existen, según el Post, 8 mil 500 niños y se prevé la llegada de otros 4 mil 200 que aún están en los centros de la Patrulla Fronteriza. El costo de mantener estos sitios supera en más del doble lo que cuesta tener los refugios permanentes.
Aun así, fuentes de la administración Biden aseguran que se mejora y mucho la velocidad en la que los menores abandonan las instalaciones de la Patrulla Fronteriza y quedan bajo custodia de la oficina de refugiados o la secretaría de salud, antes de ser entregados a familiares o tutores.
Un proceso que, según dijeron, tiene un éxito en 90% de los casos, lo que significa que los menores, finalmente y tras su proceso por la burocracia estadounidense, terminan reuniéndose con familiares: “Nos movemos en la dirección correcta, pero todavía tenemos mucho trabajo por delante”, reconocen las autoridades, especialmente en la aceleración de los procesos para asegurarse que los menores se encuentren con familiares que ya están dentro de Estados Unidos.
Entre las acciones que se llevan a cabo está el pago y gestión de vuelos para los patrocinadores de estos niños, incluso antes de que se apruebe el traspaso de custodia, para que no se demore la reunificación por temas de logística. Asimismo, se están redoblando esfuerzos para dar confianza a las familias de estos niños de que no se va a tomar ninguna represalia de carácter migratorio ni habrá consecuencias por el hecho de reclamar la custodia de un menor: “Ahora mismo no es una cuestión de capacidad de albergue, sino de qué tan rápido podemos mover a los menores fuera de nuestra custodia, que es lo que realmente nos importa”, precisó la fuente gubernamental. Según datos al 6 de abril, más de 20 mil menores están bajo custodia de algún ente del gobierno de Estados Unidos.
Entre los problemas que enfrenta la administración es la reunificación de familias migrantes: documentos oficiales confirmaron que en las últimas semanas el gobierno sólo ha podido contactar con los padres de 61 menores separados por la aplicación de la Tolerancia Cero de la administración de Donald Trump; quedan más de 400 por contactar, la gran mayoría fueron deportados a sus países de origen en Centroamérica.
Otro punto que requiere un esfuerzo extra es la gestión de la expulsión de algunas familias, especialmente las que llegan con menores de seis años. México tiene limitaciones para aceptar muchas de ellas, especialmente en Tamaulipas, lo que pone más barreras a las fuerzas fronterizas estadounidenses.
