El gobierno de Estados Unidos siguió con su política de presión al régimen venezolano de Nicolás Maduro con la aplicación de una nueva ronda de sanciones económicas, esta vez dirigida a tres de los ministros del gobierno y altas figuras del organismo electoral, entre otros, por “socavar el proceso electoral, censurar a la prensa y corrupción en los programas públicos de gestión de comida”.
El Departamento del Tesoro tomó la decisión como respuesta a las “numerosas irregularidades” de las elecciones a gobernadores del pasado 15 de octubre, que apuntan al fraude para permitir que el partido de gobierno ganara “de forma inesperada” todas las gobernaciones a excepción de cinco.
En la lista negra se incluyeron 10 personalidades venezolanas, entre ellos Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral; Socorro Elizabeth Hernández, rectora del Comité Nacional Electoral (CNE), y los ministros de Comunicación, Ernesto Villegas; de la Oficina de la Presidencia; Jorge Márquez Monsalve, y Agricultura Urbana, Freddy Bernal.
También se incluyó a Elvis Amoroso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela; Julián Isaías Rodríguez, actual embajador de Caracas en Italia, y Manuel Ángel Fernández, presidente de la Compañía Nacional de Telecomunicaciones (CANTV).
EU pretende con esta medida continuar el ahogo del “régimen autoritario” y “dictatorial” de Maduro. “EU no se quedará a un lado mientras el régimen de Maduro continua destruyendo el orden democrático y la prosperidad en Venezuela”, advirtió el secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, en el comunicado de anuncio de las medidas.
Las sanciones suponen la congelación de todos los bienes que puedan tener bajo jurisdicción de EU, y prohíbe a cualquier ciudadano o entidad de EU hacer negocios con los afectados. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo por su parte que la más reciente ley de medios —“ley contra el odio”—, aprobada el miércoles y que prohíbe a los venezolanos difundir mensajes que instiguen a la violencia o al odio a través de televisión, radio o redes sociales, es la “nueva herramienta [del gobierno de Maduro] para suprimir la libertad de expresión (…) y suprimir las voces disidentes”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también fustigó la ley, diciendo que “criminaliza la disidencia y borra de raíz dos de los derechos más preciados en una democracia, la libertad de asociación y de expresión”.
Ayer mismo, gobierno y oposición venezolana dijeron que el 15 de noviembre retomarán los intentos para establecer un diálogo.
La oposición dijo que solicitó a representantes de Paraguay, México y Chile que los acompañen. Con información de agencias
