El Departamento de Justicia estadounidense acusó que la empresa del sector inmobiliario RealPage socava con su software la competencia justa en la fijación de los precios de los alquileres en Estados Unidos.
La demanda sostiene que la compañía, con sede en Texas, utiliza datos confidenciales de los propietarios sobre los precios de los alquileres que sirven para entrenar a su algoritmo. Este ofrece después recomendaciones sobre la cuantía a pedir basadas en esos datos.
El Departamento de Justicia apunta que en un mercado libre esos propietarios competirían de forma independiente unos con otros para atraer a inquilinos ofreciendo precios competitivos, descuentos, incentivos u otras concesiones en las condiciones de arrendamiento.
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"Los estadounidenses no deberían pagar más por el alquiler porque una compañía haya encontrado una nueva manera de aliarse con los propietarios para incumplir la ley", dijo en un comunicado de prensa el fiscal general estadounidense, Merrick Garland.
El Departamento de Justicia estadounidense incluye en su demanda documentos internos de RealPage en los que ésta reconoce que su software está pensado para maximizar los ingresos que reciben los propietarios.
Como resultado, se tiende a fijar al alza los alquileres, a minimizar los descuentos y a maximizar el poder de los propietarios en el establecimiento de los alquileres, en detrimento de los inquilinos y de los competidores directos de RealPage.
La empresa, según la acusación, controla aproximadamente el 80% de la cuota de mercado.
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"Los propietarios aceptan compartir sus datos confidenciales con RealPage a cambio de recomendaciones y decisiones de precios que son el resultado de combinar y analizar los datos confidenciales de la competencia. Esto crea un circuito de retroalimentación que se refuerza a sí mismo y fortalece el control de RealPage", dijo el Departamento de Justicia.
Garland añadió que las leyes antimonopolio en Estados Unidos no permiten a los propietarios ni a ningún competidor compartir datos confidenciales de manera que esto facilite decidir cómo fijar los precios. Hacerlo a través de un software, en su opinión, no exime del cumplimento de la ley.
La fiscal general adjunta, Lisa Monaco, reiteró que los algoritmos no operan en una "zona sin ley": "Al fin y al cabo, los humanos los han creado", destacó advirtiendo que la Justicia se aplica a "la gente detrás de las máquinas y las empresas detrás de los algoritmos".
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El Departamento de Justicia ha interpuesto su denuncia civil junto con las fiscalías generales de los Estados de Carolina del Norte, California, Colorado, Connecticut, Minnesota, Oregón, Tennessee y Washington.
sg/mcc