Dieciséis estados liderados por republicanos están demandando para poner fin a un programa federal que potencialmente podría dar a casi medio millón de inmigrantes sin estatus legal que están casados con ciudadanos estadounidenses un camino hacia la ciudadanía.
La coalición presentó una demanda el viernes para detener el programa lanzado por el presidente Joe Biden en junio, diciendo en documentos judiciales que la administración pasó por alto al Congreso para crear una vía hacia la ciudadanía con "fines políticos flagrantes".
“Esta acción incentiva la inmigración ilegal y dañará irreparablemente a los estados demandantes”, dice la demanda.
Bajo la política, que comenzó a recibir solicitudes el lunes , muchos cónyuges sin estatus legal pueden solicitar algo llamado “libertad condicional en el lugar”, que ofrece permiso para permanecer en EU, solicitar una tarjeta verde y eventualmente emprender el camino hacia la ciudadanía.
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Pero el programa ha sido particularmente polémico en un año electoral en el que la inmigración es uno de los mayores temas, con muchos republicanos atacando la política y afirmando que es esencialmente una forma de amnistía para las personas que violaron la ley.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo en una declaración el viernes que el plan “viola la Constitución y empeora activamente el desastre de la inmigración ilegal que está dañando a Texas y a nuestro país”.
Demanda de estados acusa de otorgar "libertad condicional" a inmigrantes
La demanda presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional; el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y otros funcionarios de la administración Biden acusa a la agencia de intentar conceder libertad condicional a los cónyuges “en masa”, lo que los estados sostienen que es un abuso de poder.
El Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.
En una publicación en X, la fiscal general de Florida, Ashley Moody, dijo que su estado está impugnando la política de libertad condicional en el lugar porque cree que la administración Biden "está utilizando ilegalmente la 'libertad condicional' de manera sistemática para avanzar en su agenda de fronteras abiertas".
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La organización bipartidista de inmigración y justicia penal FWD.us dijo que el programa cumple con la ley y destacó el momento de la demanda: cuando la vicepresidenta Kamala Harris aceptó la nominación demócrata para presidente.
“La única motivación detrás de esta demanda es la crueldad de separar familias y la política grosera de esperar que un juez pueda hacer lo que le ordena el movimiento antiinmigrante”, dijo la organización en un comunicado.
Propuesta de Biden podría dar residencia permanente a múltiples inmigrantes
Para ser elegibles para el programa, los inmigrantes deben haber vivido continuamente en EU durante al menos 10 años, no representar una amenaza para la seguridad ni tener antecedentes penales descalificatorios y haber estado casados con un ciudadano antes del 17 de junio, el día antes de que se anunciara el programa.
Deben pagar una tarifa de 580 dólares para presentar la solicitud y completar una larga solicitud, que incluye una explicación de por qué merecen la libertad condicional humanitaria y una larga lista de documentos de respaldo que prueban cuánto tiempo han estado en el país.
Los solicitantes solicitan la residencia permanente al Departamento de Seguridad Nacional y, si la aprueban, tienen tres años para solicitarla . Durante ese periodo, pueden obtener autorización para trabajar. La administración estima que unas 500 mil personas podrían ser elegibles, además de unos 50 mil de sus hijos.
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Antes de este programa, era complicado para las personas que se encontraban en Estados Unidos ilegalmente obtener una tarjeta verde después de casarse con un ciudadano estadounidense. Se les podía exigir que regresaran a su país de origen, a menudo durante años, y siempre corrían el riesgo de que no se les permitiera regresar.
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